El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, señaló esta mañana en Gijón, durante la inauguración de una jornada en El Musel sobre el transporte sostenible en Europa, que los estados miembros están negociando con la UE unos criterios para definir qué fondos estatales pueden aportarse a los puertos sin que Bruselas los considere ayudas de Estado ilegales, por vulnerar la competencia. Llorca recalcó que esa negociación puede ser trascendental para el puerto de Gijón en el caso de que la UE acabe revocando la subvención comunitaria de 247,5 millones de euros que en su día concedió a la ampliación portuaria, algo que se podrá suplir desde el Estado si Bruselas acepta que no se consideren ayudas de Estado ilegales las destinadas a los diques de los puertos.

Llorca señaló que está en marcha esa "negociación de los estados con la Comisión Europea para definir qué fondos pueden destinar los estados a los puertos y cuáles no al considerarlos ayudas de Estado por alterar las condiciones de libre competencia regladas por la UE", agregando que desde Puertos del Estado están trabajando para que los diques estén ajenos por la UE a consideración como ayudas de Estado y por tanto no se cuestionen por Bruselas. "Eso es un elemento importante para el caso, esperemos que no ocurra, de que las ayudas de Gijón sean retiradas, podamos asumirlas de alguna otra forma y que no tuviéramos ningún conflicto con la UE.

La Comisión Europea ha realizado una propuesta provisional de revocar las ayudas a la ampliación de El Musel, solicitando el reintegro de los 198 millones de euros de Fondos de Cohesión ya desembolsados y liberando los 49,5 consignados aún en los Fondos de Cohesión para la obra gijonesa. Lo hizo en base a la recomendación de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) tras el informe en el que apreció supuestas irregularidades en connivencia entre el Puerto y la UTE Dique Torres. El informe de esas irregularidades también ha dado pie a la apertura de una investigación penal en la Audiencia Nacional.

"La UE no se va a posicionar sobre las ayudas hasta que haya una resolución judicial", señaló Llorca, quien matizó que la negociación de los estados con la Comisión sobre las ayudas estatales a diques no tienen que ver con lo que ocurre en el puerto de El Musel, aunque finalmente esa negociación pueda beneficiarlo. Respecto a la investigación en la Audiencia Nacional, Llorca añadió que "hay un proceso judicial en el que no voy a entrar y mi opinión es que la UE no se va a pronunciar hasta que el tema judicial concluya", calculando que por los ritmos que tiene la Justicia "es fácilmente que se abra juicio oral" a principios del año que viene.

"Hay que tener en cuenta todos los escenarios posibles, porque lo que tenemos es que garantizar la viabilidad del Puerto en todos los aspectos y que no haya nadie que dude que una pérdida de los fondos europeos sirviera para poner en cuestión la propia viabilidad del Puerto. Aún es temprano definir mediante qué mecanismos se aplicaría ese apoyo estatal, mecanismos "que hay muchos y no necesariamente presupuestarios", indicó Llorca.