20 de diciembre de 2016
20.12.2016

Rexach responsabiliza a Fomento de las decisiones en la ampliación de El Musel

José María Alcoba, abogado del Estado, sostiene que actuó dentro del principio de legalidad al emitir informes que eran jurídicos y administrativos, no técnicos

20.12.2016 | 03:29

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, declaró ayer ante la jueza Carmen Lamela, encargada del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional que instruye el "Caso Musel" por las supuestas irregularidades en torno a la ampliación, que la última palabra en la toma de decisiones dentro de la cadena de agentes e instituciones que intervinieron en la ampliación fueron Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento. Según fuentes presentes en su declaración, Menéndez Rexach afirmó que "nada se podía hacer sin la autorización final de Puertos del Estado".

El expresidente de El Musel declaró a petición propia, como lo hizo hace unas semanas otro de los investigados, el exdirector de la Autoridad Portuaria, José Luís Díaz Rato, para puntualizar varios aspectos de las declaraciones realizadas por varios testigos -técnicos, directivos de Puertos del Estado y empresarios- después de su primera comparecencia ante el juzgado llevada a cabo en junio de 2015.

La jueza Lamela acotó la declaración de Menéndez Rexach a su "refutación" a las declaraciones que realizaron los testigos en el ínterin, y éste se reafirmó en que todas las actuaciones realizadas en El Musel se llevaron a cabo con los preceptivos informes y dentro de legalidad. Apuntó también que se hicieron hasta once auditorías desde varios organismos españoles y europeos y que no sacaron a la luz ninguna irregularidad hasta que, años más tarde, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) realizara un informe que dio pie a la apertura de diligencias penales en la Audiencia nacional.

Del mismo modo, Menéndez Rexach reafirmó su testimonio de que la construcción de la desulfuradora en las inmediaciones de la cantera de Hidrocantábrico (HC) en Aboño fue la causa última de que ésta no pudiera explotarse, por lo que el traslado de la extracción de materiales a otras canteras más caras a la postre debe considerarse como una situación sobrevenida e impredecible a la hora de suscribir el primer presupuesto. Hace unas semanas Manuel Menéndez, presidente de HC, y el director de Proyectos de HC, Marcos Antuña, declararon ante la juez Lamela que la construcción de la desulfuradora era conocida y que, en cualquier caso, no habría impedido la explotación de su cantera.

Ayer declaró también por espacio de dos horas el Abogado del Estado Jefe de Asturias, José María Alcoba. La defensa de Díaz Rato había solicitado la declaración como testigo de Alcoba, pero finalmente se suspendió aquella testifical tras haberse pronunciado la Fiscalía Anticorrupción a favor de compareciera como investigado, lo que hizo ayer, como supuesto colaborador necesario en un delito de prevaricación, al cuestionar tanto su actuación durante la contratación de la obra como los informes que emitió avalando la legalidad del modificado del proyecto, incrementando el presupuesto de la obra.

Según asistentes a la declaración, Alcoba sostuvo que sus informes relacionados con las obras eran de tipo jurídico y administrativo, no técnico, y que siempre actuó dentro del principio de legalidad y de la normativa contenida en la legislación de contratos del Estado y de la específica de Puertos.

Alcoba insistió en que nunca actuó como técnico de obras valorando la idoneidad de las mismas sino como asesor jurídico de la Autoridad Portuaria en una primera fase y como representante ministerial ante la Unión Europea al final del proceso, donde avaló la legitimidad del proceso administrativo. Del mismo modo, Alcoba señaló que hasta la denuncia de la OLAF, realizada años más tarde, nadie puso en entredicho su labor aunque se realizaron varias auditorías y controles internos de todo tipo.

Aunque todavía no se ha marcado fecha de inicio para la apertura del juicio oral, en el caso de que se produzca, la instrucción del "Caso Musel" apura las últimas comparecencias testificales entre las que se encontrarán previsiblemente la del actual director del Puerto, José Luis Barettino, a petición de la acusación popular ejercida por Ocan, y la de la técnica de la ingeniería Typsa, Ana Lope Carvajal, quien no acudió al juzgado en su primera citación por encontrarse en el extranjero por motivos laborales.

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