Los representantes en la comisión municipal de Urbanismo de los seis grupos políticos de la Corporación tienen desde ayer sobre su mesa una nueva versión del informe de alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), facilitado por el gobierno local. Esta versión actualizada suma 38 expedientes elevando la cifra final de alegaciones informadas de 1.461 a 1.499. Además, se constatan cambios en algunos de los campos de referencia del estudio en ocho de las alegaciones que se habían incluido en la documentación facilitada a los partidos a mediados del pasado mes de noviembre.
Entre las 38 alegaciones que faltaban por informar y ahora se incluyen en el documento las hay de personas particulares pero también de empresas locales, la mayor parte vinculadas al mundo de la construcción o la promoción inmobiliaria. También se pueden ver iniciativas que llevan la firma de colectivos vecinales, de organizaciones políticas -caso del PSOE y Equo-y de los colegios profesioales de arquitectos y geólogos.
El borrador sigue abierto a cambios aunque desde el área de Urbanismo -liderada en lo político por el edil forista Fernando Couto y donde Álvaro Obregón ejerce de director general-se entiende que la inmensa mayoría de los registros no sufrirán más cambios. El informe plantea deestimar la mitad de las alegaciones presentadas.
Pero más allá de estimaciones y desestimaciones queda pendiente que los partidos se posiciones sobre las alegaciones que los redactores del PGO han dejado sin resolver bajo la etiqueta "decisión política". Aunque numéricamente son unas cuarenta, una gran parte tienen que ver con el tratamiento que se de a la fachada marítima de El Natahoyo respecto a los usos del suelo que ahora ocupan el Tallerón y Juliana. También se espera decisión política sobre alegaciones vinculadas a la Zalia, Cabueñes, Nuevo Roces y Mina La Camocha.
