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Análisis de la estadística del ministerio público en el campo de la violencia de género

Dos de cada diez denunciantes de maltrato se echan atrás, alerta la Fiscalía de Gijón

Los expertos insisten en la dificultad de llegar a una condena si la víctima decide no continuar con el procedimiento penal contra el agresor

Puerta del piso en el que tuvo lugar el asesinato de Roces.

La Fiscalía del Principado de Asturias refleja en su último informe anual la preocupación de esta institución pública por el alto número del número de mujeres que deciden retirarse después de haber iniciado un proceso penal por un caso de violencia de género. A la hora de analizar la estadística del Juzgado que lucha contra esta lacra social en Gijón los representantes del ministerio público regional resaltan que durante el año pasado un total de 232 mujeres -159 españolas y 73 extranjeras-, retiraron su denuncia. En este mismo período se habían registrado en los Juzgados de la ciudad 1.092 asuntos penales por malos tratos.

Teniendo en cuenta estos datos la Fiscalía insiste en que en Gijón desisten de llevar a cabo un procedimiento penal contra un supuesto agresor dos de cada diez mujeres víctimas de violencia de género. A pesar de que la situación es preocupante la propia Fiscalía asturiana abre una ventana a la esperanza: el año pasado se retiraron menos denuncias que durante 2014. El ministerio público insiste en que en este tipo de procesos penales la implicación de la víctima es imprescindible para que se haga justicia. Por eso en el informe relativo a 2015 la Fiscalía del Principado resalta en que durante los doce meses del año más de 400 mujeres acudieron "motu propio" a la Comisaría de Policía para poner en conocimiento de los agentes de la Unidad de Atención a la Familia un caso de violencia de género. "Con estos datos se refleja una vez más la importancia sustancial de la víctima como fuente de conocimiento de la existencia de los delitos objeto de esta especialidad, siendo mayoritaria la interposición de la denuncia por parte de la mujer", señala el ministerio público.

A pesar de la buena noticia del aumento de las denuncias que interponen directamente las víctimas la Fiscalía pide una mayor implicación al entorno de quienes sufren esta lacra machista. "Un año más vuelve a ser significativamente baja la cifra de denuncias presentadas directamente por familiares de la víctima, pues constan únicamente doce casos en total en todo el año", se refleja en el informe. Para los expertos en violencia contra la mujer de la Fiscalía esa ausencia de denuncias por parte de familiares y amigos de la víctima no se produce porque exista desconocimiento de los malos tratos que padece la denunciante. Hay otras razones de carácter social que impiden que esa violencia de género salga a la luz.

"Es casi anecdótica la puesta en conocimiento de estos hechos por la denuncia de familiares de la víctima que, aunque no hayan denunciado, sí comparecen después como testigos generalmente referenciales del maltrato. Esto nos sitúa ante la complejidad del problema y la dificultad de su persecución, existiendo en no pocos casos una deliberada ocultación de estas realidades bien por respeto a la voluntad de la propia víctima que es renuente a la denuncia de los hechos o bien por el deseo de la víctima o de sus familiares de que estos hechos no trasciendan el ámbito familiar, lo que dificulta enormemente su persecución y también, a veces, la acreditación de los mismos en fase de plenario", sentencian los expertos. En este sentido los datos de la estadística anual del pasado 2015 "aconsejan insistir en la necesidad de la colaboración y del compromiso personal de quienes rodean a la víctima y pueden ser conocedores de la situación de maltrato que sufre la mujer".

Y es que para frenar una lacra social como la violencia machista es fundamental la implicación de toda la sociedad. De hecho la Fiscalía destaca que sin la denuncia de la víctima la condena es mucho más improbable. "Es precios destacar, una vez más, las dificultades probatorias con las que nos encontramos cuando la víctima hace uso del derecho a la dispensa de la obligación de declarar", señala el ministerio público en su informe anual, en el que además pone como ejemplo de estas dificultades un caso especialmente grave vivido en los Juzgados de Gijón.

"Se acusaba al detenido de tentativa de asesinato con el agravante de parentesco por unos hechos en los que el acusado, actual pareja sentimental de la víctima, había rociado con gasolina a la mujer y le había prendido fuego. En el hospital no se detectó el maltrato y fue el exmarido el que puso los hechos en conocimiento de la Policía. La víctima en un primer momento denunció los hechos pero luego no quiso seguir adelante ofreciendo en el Juzgado una versión distinta de lo sucedido y acogiéndose a su derecho a no declarar", relata el ministerio público haciendo hincapié en que esto dificultaba la condena "al no existir testigos directos".

Los expertos de esta institución también alertan de que el 76 por ciento de los casos que llegan a juicio se juzgan como "un maltrato ocasional". "Ello es debido a que únicamente se toma en consideración el último episodio, una agresión puntual, con lo que se está infravalorando este tipo de comportamiento", relata la Fiscalía asturiana criticando que en pocos casos que llegan a los Juzgados se califiquen los hechos de "maltrato habitual".

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