"Estamos desbordados". Desde que la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) iniciase a principios de diciembre sus campañas informativas enfocadas a los afectados por las cláusulas abusivas que incluyeron los bancos y cajas a sus clientes al concederles una hipoteca, las colas se agolpan desde primera hora de la mañana en sus sedes.
Por las oficinas de Gijón han pasado desde entonces alrededor de 2.000 afectados, tanto por las cláusulas suelo como por las relativas a los gastos derivados de la formalización del préstamo hipotecario, tales como los aranceles de notario, registro, gestoría e impuestos. Pero la saturación puede ir a más. Según la estimación con la que trabaja la UCE, son 80.000 las familias con hipoteca afectadas en Asturias, -entre 30.000 y 40.000 sólo en Gijón, de las que casi la mitad suman, además de los gastos, las cláusulas suelo-.
El aluvión de consultas está motivado por las primeras sentencias de tribunales asturianos que han seguido la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo en 2015 que declaró "abusivas" estas cláusulas. Sentencias que conceden la responsabilidad de abonar los costes al banco y no al cliente. A ello hay que sumar el dictamen de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deja meridianamente claro que además de la nulidad de las cláusulas, éstas no pueden dejar huella alguna en el consumidor, por lo que abre y posibilita la reclamación de todos los afectados a que se les reintegre lo que pagaron de forma indebida.
Todos los costes salvo los impuestos, lo que ahora es sujeto de debate. El Juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo, por ejemplo, anuló los costes de notaría y registro pero no los provenientes de impuestos. La controversia viene motivada porque si bien para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el sujeto pasivo es el banco, para la Sala de lo Contencioso, en cambio, lo es el cliente. "La controversia existe pero deberá dirimirse judicialmente, los jueces deben seguir la directriz que marca la sala de lo civil; nosotros exigiremos el total, la pelea es por todos los costes", confirma Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores.
¿Y quién puede reclamar? La consigna que transmiten a los afectados en la UCE pasa por fijar el umbral en las reclamaciones desde 2002 hasta hoy. "Entendemos que empleamos un criterio prudente de la ley de enjuiciamiento civil para habilitar las reclamaciones personales de quien esté pagando, haya pagado o vendido en esos quince años", estima Dacio Alonso que, al tiempo, pide tranquilidad a los afectados puesto que no hay prescripción. "Hay tiempo suficiente para reclamar", incide.
El primer paso para reclamar, obligatorio, pasa por una notificación al banco o caja correspondiente, concretamente a su servicio de atención al cliente en la que se fundamente el objeto de la reclamación, el importe en base a las sentencias europeas. En ese momento se abre un plazo de dos meses en los que la entidad bancaria debe contestar, ya sea en positivo, donde abonaría la cantidad reclamada; en negativo, como viene siendo habitual según la UCE; o con silencio administrativo. En cualquiera de los casos que no satisfagan los intereses del hipotecado, después de dos meses, se hace imprescindible tomar la vía judicial. "Es la única vía eficaz para los consumidores", sostiene Alonso.
A estas consultas sobre costes se suman las provenientes sobre las cláusulas suelo -que según la UCE el 40% de los asturianos con hipoteca no conocían que tenían-. "Hemos pedido ayuda al Ayuntamiento de Gijón para llegar a todos los ciudadanos, para que sepan que tienen derecho y pueden resarcir los daños que su banco les ha hecho", recalca Dacio Alonso.
