Una vez más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que "en el término de un plazo de diez días informe por escrito sobre las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de los dispuesto" en uno de los fallos que anuló el proyecto de la regasificadora de El Musel. Es decir, apremia a la administración para el cumplimiento de la sentencia que, a juicio de los colectivos demandantes, implica necesariamente la demolición de una instalación que no ha llegado a entrar en servicio y costó 382 millones de euros.

En este caso el requerimiento viene propiciado por la sentencia contra la regasificadora lograda por la Asociación Grupo de Recuperación y Estudio de Espacios Naturales y la Asociación Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, defendida por el letrado Marcelino Abraira. "Sólo cabe la demolición, puesto que el plazo para legalizar la regasificadora ya ha expirado", asegura el abogado.

La primera anulación de la regasificadora la consiguieron los ecologistas de Equo, que también están luchando por su demolición. Los juzgados ya habían requerido al Ministerio y a Enagás el cumplimiento de esta primera sentencia anulatoria.