El juicio contra el expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Luis Arias de Velasco, acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, quedó ayer visto para sentencia después de que las acusaciones particulares reiterasen su petición inicial de una pena de tres años de prisión. Por su parte, la Fiscalía solicitó, igual que la defensa, su absolución al considerar que, tras el proceso, no ha quedado probado que fuera Arias el autor del envío de un correo electrónico a todos los empleados de la entidad en que se hacían públicas las nóminas y los datos personales de los trabajadores así como un acuerdo ficticio entre la directiva cameral y el comité de empresa para proceder a un ERE de extinción de contratos.

Arias de Velasco, que se declaró inocente en la primera sesión del juicio celebrado este pasado lunes, escuchó el resto de declaraciones de trabajadores y peritos de forma tranquila o, como criticó la acusación particular, "con desdén, pasividad e impasible". Tan sólo se movió, durante las cinco horas que duró ayer la segunda parte del juicio en el Juzgado Penal número 3 de Gijón, para extender la mano del actual presidente de la Cámara de Comercio -y vicepresidente con Arias de Velasco- Félix Baragaño tras la declaración de este último. "Aquello fue una bomba porque estábamos en plena negociación, creó un malestar enorme y creo que lo hizo por despecho", describió Baragaño sobre la revelación de los datos de los trabajadores -y el falso acuerdo en que 45 de los 69 trabajadores de la entidad irían al ERE- de un correo enviado desde la cuenta felixbaragano@yahoo.es, que tampoco era suyo.

Si bien quedó claro que tanto la sustracción como el envío de la información de otro ordenador de la empresa se hicieron desde la computadora del domicilio de Arias de Velasco, a ojos de la Fiscalía no está probado que él fuera el autor del ilícito y recriminó a la defensa que no solicitara examinar ese dispositivo y la defensa abogó por la posibilidad de un acceso a distancia. En cambio, la acusación particular -ejercida por los trabajadores y, por otro lado, la propia Cámara de Comercio- se mantienen en defender la culpabilidad del expresidente por la que reiteraron su petición de tres años de prisión.