Apenas conocen a los representantes de las empresas adjudicatarias y, en cualquier caso, su gestión al frente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) -incluidas las adjudicaciones a las firmas señaladas por la Fiscalía- estaba sujeta al control del secretario municipal y la intervención, así como a auditorias "permanentes". Con este doble argumento se defendieron ayer ante el juez la exconcejala del PSOE Dulce Gallego, expresidenta de la EMA, y Luis Alemany, quien fuera gerente de la entidad municipal, acusados ambos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales por beneficiar con adjudicaciones irregulares y sobrecostes, según la Fiscalía, a las empresas Suymcoplas y Aldesa. La acusación pública, que cifra en más de 2,15 millones los contratos adjudicados a dedo irregularmente y en 800.000 euros los sobrecostes ilegales, pide para ellos dos años de prisión.

Junto a ambos exgestores públicos están sentados en el banquillo de los acusados José Luis González, que era gerente de Suymcoplas, y Jaime Martín y Javier Fernando Balseiro, exdelegados de Aldesa en Asturias. Dulce Gallego fue tajante ayer en la primera sesión del juicio oral. "No tomé ni un café nunca con lo señores de estas empresas. Al de Suymcoplas lo vi en algunos actos públicos e institucionales, y a los otros ni les vi hasta este juicio", recalcó la exconcejala del PSOE. En un mismo sentido se manifestó ante el juez Luis Alemany. Y los tres representantes empresariales encausados quisieron corroborarlo en sus respectivas declaraciones.

Pero, más allá de negar cualquier relación con los empresarios que pudiera justificar "una trama torticera para saltarse la ley de contratos públicos y beneficiarles" -como expresó la fiscal-, tanto Dulce Gallego como Luis Alemany defendieron la validez de las obras adjudicadas directamente a Suymcoplas y Aldesa como parte de un contrato marco suscrito con ambas en 2009 y que ganaron tras concurrir a concurso público. A través de ese contrato marco la EMA les encargaba obras directamente, sin concurrencia pública. "Lógicamente conocía ese contrato y estaba informada porque es obligatorio que el consejo de administración lo conozca y allí teníamos garantías de que todo lo que se estaba haciendo era legal. Este tipo de contrato ya se venía realizando en la EMA antes de que yo llegase a la presidencia y sirve para hacerse cargo de obras que puedan ser sobrevenidas o que requieran premura", recalcó Gallego. Alemany también aseguró que los contratos marco existían en la EMA anteriormente a su llegada a la gerencia. La Fiscalía, sin embargo, insistió en que a través de ese contrato marco se adjudicaron a Suymcoplas y Aldesa obras de más de 50.000 euros que, según la acusación, debían haber salido a concurso por ley, dado que ésta marca en esa cifra el límite a partir del cual deben salir a convocatoria público los contratos de las administraciones.

"Todas las obras que adjudicamos a esas empresas podían estar incluidas en el contrato marco. Si fuese exclusivamente para obras menores de 50.000 euros no habríamos necesitado un contrato marco. Todos eran trabajos que podían tener un carácter de cierta urgencia", recalcó Luis Alemany, aunque la Fiscal puso en duda este último punto. Los representantes encausados de las empresas señaladas también recalcaron que el contrato marco no indicaba ningún límite de 50.000 euros para las obras.

La Fiscalía igualmente les reprochó que el contrato marco sí marcaba un límite del dinero total que se podía adjudicar a través del mismo, y que éste se sobrepasó en el caso de Suymcoplas en algunos años por una diferencia de más de un millón de euros.