El enredo de los fondos mineros entre el Principado y el Gobierno central puede terminar solucionándose fuera de los juzgados. Aunque no pasaron de las buenas intenciones, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el consejero de Industria, Francisco Blanco, acordaron ayer explorar vías de acuerdo que permitan resolver las discrepancias existentes en torno a las reclamaciones del Gobierno asturiano sobre los fondos mineros de planes anteriores y que en la actualidad se están dirimiendo por cauces judiciales. En total, Asturias reclama al Gobierno central 261 millones de euros.

Ése fue uno de los avances de la reunión de ayer. El responsable del gobierno asturiano señaló tras salir del encuentro con Nadal que "tenemos que solucionar estas discrepancias. En su momento hubo una prórroga que se acordó en la comisión bilateral Ministerio-Principado que luego no fue tramitada por el Ministerio y eso hace que algunos de los gastos certificados estuviesen fuera de plazo al no haber prórroga. No es que tengan razón ellos o nosotros, sino que son criterios que no están recogidos en los convenios y que se han aplicado con posterioridad, pero que son discutibles". Sobre los fondos mineros no fue el único acuerdo al que llegaron la Administración central y la regional. Ambas partes pactaron fijar "a la mayor brevedad" posible una fecha para firmar el convenio marco que regula el reparto de los nuevos fondos mineros.

En todo caso, para los nuevos fondos mineros, los que corresponden al Plan 2013-2018, el Estado prevé distribuir 250 millones de euros en proyectos desarrollados en todas las comarcas mineras españolas, 175 de ellos los pide Asturias. Sin embargo, por el momento, esta previsión carece de soporte económico. El consejero asturiano desveló que "estos fondos no están contemplados explícitamente en los Presupuestos de 2016 y, al prorrogarse, tampoco lo están en los de 2017, como así lo reconoce el propio Ministro". "Ahora mismo los fondos no tienen una dotación presupuestaria y estamos a la expectativa de ver si son capaces de incluirlos en los futuros presupuestos", dijo Blanco. De momento, se trata de un acuerdo de intenciones aunque, en cualquier caso, ayer se dieron los primeros pasos necesarios para llegar al final del camino, esto es, del reparto definitivo de los fondos: "No hay que engañar a nadie y a veces ellos se han precipitado con declaraciones públicas y firmas en Castilla y León, dando a entender que el reparto de fondos era algo inminente cuando no es así. En cualquier caso, hay un margen de avance en la firma del convenio marco y en la definición de criterios y demás, y en lo que hemos quedado es en ponernos a trabajar con el secretario de Estado y el Instituto del Carbón para definir los criterios de reparto". El nuevo secretario de Estado, Daniel Navia, y el director general de Minería del Principado, Isaac Pola, asistieron también a la reunión.

Asimismo, el consejero de Industria trasladó tras la reunión la coincidencia entre ambas administraciones "en la importancia del sector del carbón y de las centrales térmicas como mecanismo de regulación de la oferta eléctrica". Aunque la apuesta por las energías renovables es clara, las dos administraciones se mostraron de acuerdo en que ambas fuentes no son incompatibles, sino complementarias: "En la medida en la que avanzamos hacia una mayor generación de renovables, que son, como ya hemos visto, difíciles de gestionar, necesitamos las centrales térmicas para tener garantía de suministro", señaló.