El juicio por la muerte de Jorge Díaz González, el empleado de Armón de 47 años fallecido mientras se encontraba en su puesto de trabajo en el astillero gijonés, se saldó con un acuerdo entre las partes.

De un lado, dos de los acusados, J. L. B. C. y A. R. R., encargado de coordinación del astillero y administrador de la empresa Fuyro Grúas respectivamente, aceptaron una pena de 3 meses de privación de libertad, conmutable por una multa de 1080 euros, así como una multa de 6 euros diarios durante tres meses, sumando un total de 540 euros por un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurso con un delito por imprudencia grave, lo que supone una reducción de la pena pedida por la Fiscalía, al llegar las partes a un acuerdo. Además, la pareja del fallecido ha sido indemnizada con 120.000 euros y el hermano del mismo con 15.000 más, a pagar a partes iguales entre la empresa de grúas y el astillero en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. El tercero de los acusados, J. F. F. ha quedado absuelto al retirar tanto el ministerio fiscal como la acusación los cargos que pesaban sobre él, al entender que en el momento del accidente, en enero de 2015, el acusado ya no ejercía labores como responsable de riesgos laborales de Armón, sino que estaba ya incorporado en su nuevo puesto como técnico de calidad y medio ambiente.

El accidente se produjo cuando el empleado, oficial de segunda instalador de la empresa Fuyro Grúas, encargada del mantenimiento de las grúas del astillero, procedía junto a uno de sus compañeros a sustituir los cables de una grúa que se habían desencajado de las poleas del carro. En un momento de la maniobra, el gancho que permanecía suspendido se precipitó desde una altura de quince metros, lo que provocó una fuerte sacudida de la grúa y que el carro golpease fuertemente la cabeza del trabajador, que falleció de forma prácticamente instantánea. El ministerio fiscal entiende que el accidente estuvo motivado por la falta de evaluación de los riesgos de la operación y de planificación de medidas preventivas, unas obligaciones que, según señala, competían a uno de los acusados, administrador de la empresa Fuyro Grúas.