El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que el Gobierno protegerá "al máximo" los puestos de trabajo y derechos laborales de los estibadores durante el proceso de liberalización del sector que debe acometer para cumplir una sentencia europea.

De la Serna insistió en que la liberalización "no es por deseo político propio, sino porque la sentencia obliga". El Ministro ha recordado que el fallo judicial de hace dos años ya ha conllevado una multa de 21 millones de euros para España, cantidad a la que podrían sumarse 134.000 euros diarios tras una segunda sentencia, "que está al caer".

Para poder sacar adelante la liberalización del sector el Gobierno necesita del apoyo de otros grupos parlamentarios, ya que el texto debe ser convalidado en el Congreso para que pueda entrar en vigor.