Doce meses es el plazo máximo de duración de las ayudas vinculadas a la renta social, según se establece en el borrador de bases de la convocatoria de ayudas que ayer entregó el gobierno a los grupos municipales de la oposición. Estas bases hacen referencia a las denominadas líneas 1 y 2 que se definieron en el plan presentado hace unas semanas. La línea 3 de ayuda económica transicional se gestionará siguiendo las pautas de las actuales ayudas de emergencia, por lo que queda al margen de la convocatoria.
La primera línea se conforma de ayudas económicas finalistas para la adquisición de productos o servicios específicos para la atención de necesidades básicas y está destinada a quienes reciban ya algún tipo de ayuda de las administraciones, sobre todo el salario social del Principado. Y la segunda es la ayuda económica de complemento de ingresos mínimos para quienes ni perciban ni tengan derecho a ayudas públicas. En el primer caso se trabaja con un montante global de 3.000 euros al año y en el segundo con mensualidades de un máximo de 250 euros al mes.
Como requisitos se exige un año de empadronamiento en el municipio, excepto las mujeres víctimas de violencia de género, y que la unidad económica de convivencia independiente se haya constituido con una antelación mínima de seis meses a la fecha de la solicitud. También se exige haber solicitado previamente las pensiones o prestaciones vigentes a las que cualquier miembro de la unidad tuviera derecho.
En el caso de las ayudas para comprar, se generaría un crédito virtual a favor del beneficiario que podría hacer sus compras en los comercios que se adhieran al programa municipal. La identificación se haría con la tarjeta ciudadana y las compras a través de unos pins o códigos únicos. En principio se darían 25 y con cada compra el pin usado quedaría anulado. Podrían darse más pins hasta completar el crédito concedido. Las facturas irían a nombre de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que pagaría directamente al comercio.
