Ni la que entonces era secretaria municipal, Dora Alonso, ni quien ejercía de interventor del Ayuntamiento, Juan Salas, apreciaron ilegalidad alguna en el contrato marco adjudicado por la Empresa Municipal de Aguas (EMA) a las empresas Suymcoplas y Aldesa, por el que ahora acusan al exgerente de la entidad pública, Luis Alemany, y su expresidenta, la exconcejala socialista Dulce Gallego, de prevaricación. La Fiscalía pide dos años de prisión para cada uno de ellos, y cuatro años de cárcel para José Luis González, quien era gerente de Suymcoplas, y Jaime Martín y Javier Fernando Balseiro, exresponsables de Aldesa en Asturias. Entiende que ese contrato marco fue una "artimaña" para poder beneficiar directamente a esas firmas con obras de la EMA.

Sin embargo, tanto Dora Alonso como Juan Salas defendieron ayer -en la tercera sesión del juicio del caso de la EMA- la legalidad de esa modalidad de contratación y señalaron que es utilizada por el Ayuntamiento para cuestiones como la conservación viaria. Alonso, quien fue secretaria general del Ayuntamiento hasta que el gobierno local de Foro la destituyó en 2013, incluso rompió una lanza a favor de Luis Alemany, también cesado por Foro. "Era un funcionario estricto, al estilo tradicional, muy profesional y escueto, iba siempre al grano", aseguró Dora Alonso, que quiso dejar claro que "Alemany jamás hacía nada en contra de los servicios jurídicos del Ayuntamiento". Juan Salas, por su parte, sin ser tan contundente en sus afirmaciones, sí testificó a favor de la gestión realizada aquellos años en la EMA, que estaba sujeta a numerosas inspecciones de auditores que estaban en contacto con la intervención municipal. "Nunca hubo una auditoría por la que hubiese que hacer correcciones financieras a la empresa, que siempre salía airosa de las inspecciones. No conozco ningún informe desfavorable que diera lugar a sospechas de mala gestión", afirmó Juan Salas, que se jubiló en 2015.

Salas se mostró rotundo en que el contrato marco con Suymcoplas y Aldesa -por el que se les podía adjudicar directamente y con premura trabajos- "no se hizo para burlar la ley", al contrario de lo que aseguran la Fiscalía y los actuales gestores de la EMA, que argumentan que Alemany y Gallego usaron el contrato marco para otorgar a esas dos firmas obras superiores a 50.000 euros que, según ellos, por ley tenían que haberse licitado.

Sin embargo, tanto Dora Alonso como Juan Salas dejaron claro que el contrato marco sí se podía utilizar para obras superiores a ese importe. "Sí permitía proyectos de más de 50.000 euros", recalcó Salas. De hecho, recordaron, el pliego de condiciones del contrato marco no señalaba ningún límite del coste de las obras que se adjudicasen directamente a través de él. "Lo que el pliego no prohíbe, se puede hacer", recalcó Dora Alonso, que defendió la completa legalidad de esa adjudicación de la EMA, realizada en época de gobierno socialista.