Las acusaciones populares consideran "muy graves" los informes periciales de la IGAE en el "caso Musel"

Dique Torres, la UTE liderada por Dragados (grupo ACS) que construyó la ampliación de El Musel, fue favorecida frente a otras constructoras por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra que fueron puestas de manifiesto por un informe elaborado en junio de 2015 por dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el "caso Musel". Las dos peritos han entregado una ampliación de ese informe en el que entre otras cosas señalan que una valoración correcta del plan de trabajos presentado por los licitadores, hubiera desbancado la oferta de Dique Torres en favor de la presentada por la UTE liderada por Ferrovial.

"Me parecen muy graves, esclarecedores y me despiertan preguntas: ¿Por qué? Es decir, no se cometen tantos actos presuntamente fraudulentos de manera continuada, acumulada y consciente si no es a cambio de algo. Me gustaría saber quién recibió qué para que se de esta situación", señaló el presidente de Ocan, José Ángel Gayol.

Gayol agrega que los informes de las peritos de la IGAE reafirman que "había motivos de sobra" para que Ocan hubiera promovido la investigación penal en la Audiencia Nacional, lo que hizo presentando una denuncia pareja en el tiempo a la que formuló la Fiscalía Anticorrupción. "Había dudas de sobra para entender que la adjudicación de este macroproyecto era claramente fraudulenta. No sólo no se cumplían los pliegos en la fase de adjudicación, sino que en la de ejecución tampoco s ecumplían a la vista de estos informes. Por tanto, no se tenía que haber adjudicado a la UTE Dique Torres este contrato y ademas tendría que haberse anulado ante la ejecución no satisfactoria", concluyó el presidente de Ocan.

El presidente de Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, apuntó que "esto viene a ratificar lo que pensábamos desde el primer momento". Para Abando ya había dos cosas que "llamaban muchísimo la atención" antes incluso de que se iniciara el procedimiento penal: La inclusión en las bases del concurso de la utilización de la cantera de Aboño, "lo cual era una ilegalidad como reconoció la IGAE, dado que uno de sus copropietarios era Sato" empresa integrante de Dique Torres y por otro lado, "que una oferta mucho más barata, como la de Sacyr se dejara fuera por con dos argumentos inconsistentes; que no se confiaba en las canteras que proponía cuando a la postre las canteras fueron el origen de los sobrecostes y dos, que no tenían solvencia los suministros en el tema marítimo, para los que Sacyr proponía a una de las cuatro empresas más importantes del mundo en ese sector".

Tudela Veguín

Abando añadió que ya durante el proceso se vio una tercera cosa "definitiva", como fue "el contrato firmado por Tudela Veguín con Dique Torres sobre la cantera de Perecil, porque cualquier empresario lo hubiera firmado con los cuatro ofertantes, pero Tudela Veguín lo firmó con uno sólo porque sabía perfectamente, a través de la Autoridad Portuaria, que el adjudicatario de la obra iba a ser la UTE Dique Torres".

Una valoración que Abando considera que ahora se ve reforzada con los informes de las interventoras de la IGAE, "que vienen a decir que la propia oferta de la UTE vulneró la legislación sobre contratación pública, con lo que evidentemente la oferta debería de haber sido rechazada y no se hizo". Para el presidente de Ciudadanos por Asturias "mucho antes de la adjudicación de la obra, en enero de 2005, la Autoridad Portuaria ya sabían quién iba a ser el adjudicatario. Bajo mi punto de vista, hay una prevaricación absoluta y tajante de la Autoridad Portuaria de Gijón", concluyó.