Las entidades y asociaciones que ahora mismo estén ocupando locales del Ayuntamiento tendrán un plazo de un año para regularizar su situación conforme a la nueva ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales, a la que ayer dio el visto bueno definitivo la Junta de Gobierno. Una ordenanza que establece como condiciones indispensables para la cesión de esos espacios que la entidad interesada no tenga ánimo de lucro, esté legalmente constituida y sus fines sean de "ámbito social, cultural, deportivo u otros de naturaleza análoga".

Quienes quieran acceder a un local municipal tendrán a partir de ahora que hacer una solicitud formal y presentar una memoria de las acciones a desarrollar en ese espacio. El Ayuntamiento ejecutará una convocatoria pública en febrero a partir de los espacios que tenga desocupados en ese momento. La primera convocatoria se espera para dentro de unas semanas. El plazo de vigencia de la cesión será de hasta cuatro años con posibilidades de prórroga. La nueva ordenanza incluye también unas normas generales de uso, tanto en régimen exclusivo como compartido, donde se prohiben actividades ilegales molestas, insalubres o con fines lucrativos o de beneficio individual. Además, se fijan una serie de obligaciones para las entidades beneficiarias que van desde el control de los horarios a la conservación de las instalaciones pasando por la suscripción de una póliza de responsabilidad civil, la prohibición de instalar publicidad de tabaco o alcohol y la imposición de no programar actividades que impliquen discriminar por razones de raza, sexo, religión, opinión u orientación social.

El gobierno forista dio ayer luz verde a esta ordenanza en la misma sesión en que, fuera del orden del día, autorizó un gasto de 9,9 millones para licitar el contrato de mantenimiento del alumbrado público y las dependencias municipales para los próximos cuatro años. Un contrato que hasta mayo gestiona Electricidad Llano. Los pliegos de condiciones del nuevo contrato incluyen cláusulas de carácter medioambiental y social y la obligación de subrogar a los 37 trabajadores de la plantilla actual. La Junta de Gobierno también aprobó una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y dos convocatorias de empleo. Una de ellas para organizar la bolsa de salvamentos.