Dique Torres, la UTE liderada por Dragados (grupo ACS) que construyó la ampliación de El Musel, fue favorecida frente a otras constructoras por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra que fueron puestas de manifiesto por un informe elaborado en junio de 2015 por dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el "caso Musel". Las dos peritos han entregado una ampliación de ese informe en el que entre otras cosas señalan que una valoración correcta del plan de trabajos presentado por los licitadores, hubiera desbancado la oferta de Dique Torres en favor de la presentada por la UTE liderada por Ferrovial.

Fue la Fiscalía Anticorrupción quien solicitó la ampliación del informe pericial, ampliación fechada el pasado 7 de enero. En su primer informe de 2015 las dos interventoras de la IGAE designadas como peritos, Fátima Blasco Cantera e Imilce Navarro Cabezas, habían apuntado lo que a su entender son importantes irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra de ampliación. Entre otras cosas, el informe de 2015 señalaba que la oferta que resultó adjudicataria debía de haber sido excluida por vulnerar la legislación sobre contratación pública, dado que modificaba los precios de licitación de parte de las unidades de obra y también incluía unidades de obra (trabajos) no previstos en la licitación. Aquel informe daba a entender que se habían aplicado criterios arbitrarios en la adjudicación, como por ejemplo la exclusión de una de las ofertas presentadas por Sacyr por ese mismo motivo, mientras que la de Dragados no se excluyó.

Aquel primer documento pericial también resaltaba las supuestas incongruencias entre los informes técnicos sobre las ofertas presentadas y la valoración final que se hizo de las mismas: La oferta de Dragados era irrealizable por no contemplar la construcción de morros de invernada (protecciones con grandes bloques de hormigón de la zona de avance de obra del Dique Torres durante los inviernos, cuando paraba la obra marítima, para evitar destrozos por los temporales), mientras que desde la Autoridad Portuaria también se consideraba irrealizable la propuesta de Ferrovial, pese a lo que ambas ofertas se valoraron.

Pero es que aunque no se tenga en cuenta que la oferta de Dique Torres vulneró la Ley de Contratación Pública y que era imposible técnicamente de construir, tampoco debía de haber sido la seleccionada, según se desprende del informe ampliatorio de las peritos de la IGAE, que ha sido entregado el pasado 31 de diciembre al juez, junto con un segundo informe sobre la procedencia de los materiales empleados en la obra, también solicitado por la Fiscalía.

La oferta liderada por Dragados resultó beneficiada al no tener en consideración que el plan de trabajos que presentaba para la obra, los plazos, eran irrealizables debido a que Dique Torres sostenía que no era necesario paralizar las obras marítimas en invierno, al contrario de lo que realmente acabó sucediendo "con el consiguiente sobrecoste", señala el nuevo informe pericial. Las peritos de la IGAE consideran que el plan de trabajos presentado por Dragados debía de haberse valorado con cero puntos. Ese cambio habría llevado a que la oferta adjudicataria fuese la de Ferrovial.

Otro aspecto que se los técnicos cuestionaron, pero no valoraron negativamente, sobre la oferta de Dragados fue su previsión de colocar todos los grandes cajones de hormigón que conforman el Dique Norte y el Muelle Norte en un sólo verano. Al final ese trabajo requirió tres campañas y flexibilizar en el proyecto modificado las condiciones de colocación.

Otras de las supuestas incongruencias entre la opinión que expresa la comisión técnica sobre las ofertas y la valoración de las mismas con "ausencia de metodología común" o con criterios de valoración diferentes, respecto a los mismos aspectos, para las distintas ofertas, no habrían tenido una repercusión en la propuesta de adjudicación de haberse realizado correctamente (cambiarían la puntuación, pero no el orden de los licitadores). Eso aplicando los criterios fijados en los pliegos del concurso, que las peritos de la IGAE también cuestionaron, como fue premiar el uso de la cantera de Aboño, lo que para las peritos supuso un riesgo, en lugar de diversificar las fuentes de suministro.