Las interventoras de la IGAE remitieron en enero un segundo informe a la Audiencia Nacional en el que consideran que no son las adecuadas para verificar la cuantía del material realmente utilizado en la obra de ampliación y su coste, considerando que esa pregunta que les formuló el juez la deben responder "expertos con el adecuado perfil técnico".
Este segundo informe refleja las discrepancias de la UTE Dique Torres con la liquidación de la obra y destaca que la asistencia técnica para el control de obra, la UTE Cabo Torres contrastaba sus mediciones con las efectuadas por Dique Torres. También hace referencia al estudio de materiales realizado por la Universidad de Oviedo, que fijaba los costes para los obtenidos en un radio de 60 kilómetros de la obra.
