Documentos sin firmar por sus responsables, incompletos, yuxtapuestos, ausencias de papeles relevantes, incoherencias internas e incorrecciones, son algunas de las conclusiones de las dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el "expediente" de la obra de ampliación de El Musel que la actual dirección de la Autoridad Portuaria remitió a la Audiencia Nacional, tras haber recibido varios requerimientos. El fiscal había solicitado que las peritos se pronunciaran sobre si el Puerto había enviado el expediente íntegro o uno realizado "ad hoc" para presentar al juzgado. Entre lo que ponen en cuestión las interventoras de la IGAE sobre la documentación remitida, se incluyen sus dudas sobre que el Puerto haya enviado al juzgado el proyecto de la obra de ampliación que fue visado por Puertos del Estado y licitado.

El informe pericial de las interventoras de la IGAE, que amplía el que habían entregado en junio de 2015, destaca "una posible discrepancia" entre el proyecto constructivo enviado a la Audiencia Nacional y el que en su día tramitó El Musel ante Puertos del Estado. Por un lado, las peritos indican que el informe remitido al juzgado incluye obras no incluidas en el remitido al organismo portuario. Además, indican que existen discrepancias presupuestarias entre ambos proyectos, pesa a que la cuantía total es idéntica: "El presupuesto presentado a Puertos del Estado es del mismo importe que el de licitación aportado por la Autoridad Portuaria al Juzgado, no obstante incluir un subcapítulo más por importe de 6.132.827,28 euros. En consecuencia, el presupuesto mencionado en el informe de Puertos del Estado, 'suscrito en junio de 2004 por el ingeniero Lorenzo Quevedo Negrete, de la consultora Sener, bajo la dirección de José Moyano Retamero y Miguel Villalobos Santo Domingo, Jefe de la División de Proyectos y Obras y Jefe del Departamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Gijón' no puede ser el mismo que el presentado a licitación", señala el informe pericial en el que se agrega que la fecha del presupuesto de licitación aportado, 30 de junio de 2004, es anterior a la fecha del informe preceptivo de Puertos del Estado, 13 de julio de ese año, y a la fecha de aprobación técnica y económica del proyecto, el 15 de julio.

Excluida por el seguro

El informe pericial señala en uno de sus apartados que "con la documentación aportada no es posible verificar la versión del proyecto entregado a los contratistas licitadores ni el alcance de las modificaciones en el proyecto".

Las interventoras también consideran que Dique Torres debió de haber sido excluida del concurso por no contratar un seguro "conforme a lo establecido en el pliego" de condiciones, algo que más de un año después de la adjudicación, en marzo de 2006, Dique Torres aún no había presentado al Puerto. Este incumplimiento de un requisito exigido en la licitación "hubiera sido causa de inadmisión de la empresa". No sólo eso, sino que la entonces gerente de la UTE, Ana Dizy, carecía de "poderes adecuados y suficientes" para presentar la ofertas de Dique Torres a la licitación.

El informe apunta que la oferta de Dique Torres recibió altas puntuaciones en lo relativo al organigrama de personal, frente a la baja calificación que se dio a la oferta más barata de Constructora Hispánica. Un hecho que contrasta con el hecho de que el Puerto no aprobó, meses después de iniciada la obra, el organigrama presentado por la UTE, considerando "deficiente" el personal de la Oficina Técnica, sin técnicos con experiencia contrastada en obras marítimas, puestos relevantes sin cubrir, algo que también afectada a "los demás departamentos en general, y en particular a los de producción terrestre, canteras y bloques, donde por debajo de la jefatura de departamento no se cuenta con suficientes técnicos con la titulación y experiencia necesaria", según señalaba en su día la dirección técnica de la obra. La mitad de los puestos del organigrama propuesto por Dique Torres en la licitación no se habían cubierto medio año después del arranque de las obras.

El informe pericial echa en falta los estudios sobre el coste de los materiales, en especial el vinculado con el estudio encargado por el Puerto a la Universidad de Oviedo del que "se deduce la existencia de documentación relativa a los costes de los materiales a pie de obra prefijados inicialmente por la entidad contratante; documentación que no consta entre la aportada" al juzgado.

También se detienen las interventoras en analizar las actas de nuevos precios pactadas por la dirección del Puerto con Dique Torres año y medio antes de que el Consejo de Administración autorizara los sobrecostes de la obra y señala que el Puerto costeó determinados estudios técnicos para rediseñar el proyecto, en lugar de hacerlo la UTE.

En general, respecto a la documentación aportada al juzgado en soporte electrónico por la Autoridad Portuaria de Gijón el 24 de febrero de 2016, las interventoras de la IGAE señalan entre otras cuestiones que "en un porcentaje significativo, los documentos están sin firmar ni datar, incompletos, con incorrecciones o incoherencias internas", apuntando respecto a la falta de firma que "carecen de validez para extraer conclusiones" e impiden conocer "la competencia de los responsables de los distintos actos administrativos".

Las peritos no sólo apuntan a las carencias, sino también a "la aportación de documentos redundantes" o con alusiones a otra documentación que no se aporta; textos cuya elaboración es competencia del Puerto aportados con logos de empresas u otras entidades, no se incluyen contratos ni facturas sobre estudios relativos a la ampliación, falta de documentación sobre actos administrativos, distintas versiones de documentos y actuaciones relativas al proyecto de ampliación cuyo coste no se encuentra incluido en el presupuesto del mismo.

Las interventoras agregan que el Puerto incumplió la prescripción establecida por el Ministerio de Medio Ambiente, en la Declaración de Impacto Ambiental de la obra, que obligaba a incorporar esa documentación ambiental entre la de contratación

El informe destaca que "el pliego de prescripciones técnicas particulares aportado está firmado por la representante de la empresa adjudicataria, circunstancia incompatible con la datación del mismo, mayo de 2004, dado que el anuncio de licitación fue publicado en el BOE de 22 de julio de 2004".

También consideran las interventoras que la obra se licitó sin la previa aprobación del gasto total, dado que el crédito retenido había sido de 499,34 millones de euros (el presupuesto sin IVA) y la obra adjudicada en 579,24 millones (con IVA).