Los estudios para poder hacer la obra, que debió asumir la UTE, los pagó el Puerto

Entre las cuestiones que apunta está que el Consejo de Administración decidió en diciembre de 2007 continuar con la obra pese a que la Inspección General de Fomento había emitido un informe un mes antes instando a parar los trabajos, al constatar que la dirección del Puerto había acordado con la UTE, desde abril de 2006 varias modificaciones al alza de los precios de las unidades de obra. Otro asunto que llama la atención a las interventoras es que los pliegos técnicos del proyecto modificado aparecen firmados por la asistencia técnica a la dirección de obra.

El informe pericial recuerda que el contrato del modificado "fue formalizado con fecha 1 de febrero de 2010. Ya estaba tramitándose un posible segundo modificado que no fue aprobado".

En lo que se detienen especialmente es, no obstante, en dos aspectos relativos a la ejecución del proyecto modificado: Que fue la Autoridad Portuaria y no la UTE Dique Torres quien pagó estudios y ensayos sobre el proyecto modificado, ambos contratados por el Puerto con la Universidad de Granada.

En concreto, se refiere a los ensayos en 3D sobre el comportamiento de los tramos del nuevo dique de abrigo y, por otro lado, a los estudios realizados para el fondeo en grandes profundidades de los grandes cajones de hormigón que se utilizaron para construir el Dique Norte.

Entre otras cuestiones, las interventoras de la IGAE señalan en su informe pericial que "la documentación aportada no permite verificar" que las facturas emitidas por la constructora se corresponden con las mediciones en los ensayos que figuran en los informes mensuales de la asistencia técnica a la dirección de obra y con las mediciones en el proceso de cajones que figuran en esos mismos informes mensuales.

Los informes de las interventoras de la IGAE se han sumado a otros documentos incluidos en el sumario del "caso Musel", como las 61 actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres, en las que se aprecia que la adjudicataria comenzó a rehacer el proyecto de ampliación de El Musel antes de iniciar las obras. Esas actas, a juicio del fiscal, ponen de manifiesto que la propuesta técnica que presentó la UTE para ejecutar la ampliación carecía de consistencia y que la UTE ya contaba con un modificado del proyecto, incrementando su presupuesto, antes de iniciar la obra.

Una de las actas internas de Dique Torres, de febrero de 2005, un mes después de la adjudicación del contrato, indica: "Planificar solución oferta como si pudiese hacerse" al tiempo de ir elaborando un "estudio económico" para el modificado.