La Autoridad Portuaria se ofreció a asumir parte de los costes de mantenimiento de una boya de medición de oleaje -que ante la ampliación de El Musel iba a retirar Puertos del Estado- debido a que la UTE Dique Torres no había fondeado el equipo de medición que le exigía la compañía aseguradora en la póliza que suscribió para cubrir percances en las obras.

El informe de las interventoras destaca que la oferta de Dique Torres debió de haber sido excluida por no cumplir con el requisito de los pliegos administrativos de la licitación, que exigían a los licitadores aportar una póliza de seguro. Diez meses después de la formalización del contrato con Dique Torres, el entonces Jefe de Área de Servicios Generales y actual director del Puerto, José Luis Barettino, envió un requerimiento a la UTE para que adecuara las pólizas de seguros a lo exigido en los pliegos. Eso fue el 2 de diciembre de 2005. El 1 de febrero y 1 de marzo de 2006 el Puerto volvió a insistir.

El 31 de octubre de 2006 el director de El Musel, José Luis Díaz Rato, envía un escrito a José Luis Estrada, de la Dirección de Planificación y Desarrollo Portuario de Puertos del Estado, en el que señala: "Te pido que teniendo en cuenta tanto el importe como la singularidad de la obra que se está ejecutando, así como el quebranto económico que podría ocasionar la negativa de la compañía aseguradora a hacer frente a sus compromisos contractuales por no estar fondeado el equipo de medida que se estableció en dicha póliza de seguros, mantengáis la boya Gijón II fondeada en su posición actual hasta la finalización de las obras de ampliación del Puerto. En ese sentido, la Autoridad Portuaria estaría dispuesta a asumir parte de los costes de mantenimiento de dicha boya". Las interventoras señalan que no consta en la documentación aportada al juzgado la justificación de la competencia del director del Puerto para esa solicitud.