Primer movimiento, y primer tropiezo, del gobierno forista en el diseño de la nueva edición de los presupuestos participativos. Tras el "experimento" del año pasado, el gobierno local convocaba ayer al Consejo Social de la ciudad para iniciar el camino de cara a fijar el calendario, procedimiento y criterios a seguir para dejar en manos de los ciudadanos el destino de ocho millones de euros de los presupuestos del Ayuntamiento para 2018. La respuesta del entramado social gijonés, y sobre todo de los representantes del movimiento vecinal, fue un doble tirón de orejas: por las formas y por el fondo.

La crítica de las formas se centró en el hecho de que el gobierno presentara en la propia reunión tanto su documento de valoración del procedimiento anterior como su propuesta para el nuevo. Algo que, denunciaron muchos de los asistentes, impedía desarrollar un debate real por falta de información. La crítica sobre el fondo del asunto tuvo una doble perspectiva. Por un lado, se consideró que el informe presentado no era más que un estudio estadístico sobre las acciones seguidas sin una evaluación real y, por otro, se denunció que el diseño defendido por Foro repetía errores del pasado y no incorporaba mejoras ya habladas en favor de una mayor participación. Así las cosas, la decisión fue volver a convocar al Consejo Social a mediados de marzo para ponerse a trabajar con toda la información sobre la mesa.

"El procedimiento está abierto. Hemos planteado un borrador a partir del que ir recabando opiniones. Todo lo que el Consejo Social apruebe incorporar será incorporaba. Ya en los presupuestos participativos de 2017 trabajamos desde el consenso y nuestra postura ahora no será diferente", aseguraba la edil de Participación Ciudadana a la salida de la reunión. Eva Illán presidió la mesa del Consejo Social junto a su compañera de Hacienda, Ana Braña, y Fernando Couto en su calidad de vicealcalde. Eso sí. Illán tiene claro que el debate no se puede demorar en el calendario si se quiere llegar en tiempo y forma a la elaboración del presupuesto de 2018. "Hay que tener claro que hay que dejar tiempo suficiente para que los ciudadanos puedan votar y, también, hay que dar tiempo a los técnicos para que puedan evaluar en condiciones las propuestas presentadas", sentenció.

De hecho, en el calendario de actuaciones presentado por Foro ayer mismo debía comenzar el proceso de actualización de la plataforma de los presupuestos participativos y la licitación de un plan de medios. La presentación de propuestas arrancaría el uno de abril para prolongarse durante ocho semanas, a las que se unirían otras once semanas para la evaluación de las propuestas. Las votaciones, tanto telemática como presencial con dos semanas para cada una, serían en septiembre. El procedimiento debería estar cerrado el día 31 de ese mes.

Foro mantiene en su proyecto el global de ocho millones de euros aunque cambiando el reparto. Si de cara a los presupuestos de 2017 se reservaron dos millones para las decisiones de los seis consejos de distrito y seis para el denominado procedimiento general -donde tenían cabida tanto iniciativas de los consejos de distrito o sectoriales como de personas físicas y jurídicas- la idea para 2018 es que sean tres millones para los consejos de distrito y cinco millones para los presupuestos que van a votación popular.

Escasa participación

El Consejo Social se mantiene como órgano supervisor pero se crea un grupo técnico de coordinación en lugar de la denominada mesa de presupuestos participativos del año anterior, donde también había representación vecinal. Las propuestas deberán tener un mínimo del 3% de votos para pasar la criba previa a la evaluación de su viabilidad y se recupera la idea de poder votar en contra de esas iniciativas. Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), se mostraba ayer muy crítico con esos elementos del procedimiento. "Vuelven a los votos negativos que ya rechazamos por dos veces el año pasado y se cargan la mesa de presupuestos participativos en favor de un órgano sólo para funcionarios y técnicos. En cuanto al calendario, ya vamos tarde y ni hemos empezado", sentenció el líder vecinal.

"Repetimos los mismos errores de 2017", aseguraba Arias para quien el origen del problema es que el gobierno forista "no cree en los procesos de participación". En cuanto a la cuantía económica, desde la FAV se exige el cumplimiento del reglamento actual que fija reservar a los consejos de distrito la decisión sobre el 2% del presupuesto total del Ayuntamiento de Gijón. "Es una cuestión legal que tienen que asumir y si no la asumen hay otras instancias a las que se puede ir para exigir que se cumpla la ley", dejó claro el líder vecinal. Desde Xixón Sí Puede, la concejala Verónica Rodríguez afeó que Foro no haya incorporado ninguna de las propuestas fijadas hace pocos días en un acuerdo plenario.

En cuanto al informe de evaluación del anterior proceso, quedó clara la escasa participación. Sobre más de 240.000 vecinos de más de 16 años censados en la ciudad la participación se limitó a 2.534 votantes: 1.559 en el procedimiento telemático y 975 en el presencial. Se presentaron 354 propuestas de las que 257 fueron aceptadas. Más allá de los números, el informe presentado por Foro establece como elementos negativos de ese primer intento la escasez de tiempo, la insuficiente información a los ciudadanos y la "excesiva presencia de las propuestas de los consejos" que llevaron a, entiende, "desmovilizar la iniciativa individual".