El titular del juzgado de lo mercantil número 3, con sede en Gijón, Rafael Abril Manso, acaba de comunicar a las partes el auto de declaración de concurso de acreedores de Asturiana Galvanizadora (Agalsa). Como primera medida, el magistrado ha designado como administradora concursal a la abogada Carmen Fernández Sánchez, persona con diltatada trayerctoria en la gestión de este tipo de situaciones y más de 20 años de experiencia en derecho mercantil y concursal, gestionando más de 150 concursos de acreedores.
Entre otros concursos, Carmen Fernández Sánchez fue administradora judicial en la "Operación Crucero", instada contra los antiguos propietarios del Grupo Marsans.
Frente a la liquidación apuntada por la dirección de la empresa en su solicitud de concurso de acreedores, "el auto del magistrado se limita a la declaración del concurso, lo que permite aventurar desde un primer momento que el objetivo prioritario de la administración judicial debe ser poner en marcha cuantas negociaciones sean posibles con los acreedores para intentar conseguir mantener en funcionamiento la empresa, evitar el despido de los trabajadores y lograr la viabilidad de pago de la deuda, dejando como último recurso su liquidación y cierre", señaló ayer el TSJA en un comunicado.
UGT recurre al Principado
Por otra parte, el secretario general de MCA UGT Asturias, Jenaro Martínez, pedirá a la Consejería de Empleo y Turismo del Principado que busque una solución de futuro a Agalsa, "que garantice la continuidad de la actividad y el empleo", al considerar que "la factoría es viable, puesto que tiene carga de trabajo y un activo mayor que el pasivo". Agalsa ha entrado en concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago de sus deudas después de que una sentencia judicial le obligue a abonar 4,5 millones de euros a Sogpesa. La dirección de Agalsa intentó negociar una salida con la presidenta de Sogepsa y consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, que acabó sin acuerdo
Jenaro Martínez se reunió ayer con los trabajadores de Agalsa, a quienes trasladó el total apoyo de su federación ante la compleja situación que atraviesa la empresa, en concurso de acreedores y con una propuesta de la dirección de la empresa para despedir a sus 102 trabajadores: A los 87 empleados fijos mediante un ERE de extinción de contratos y a los 15 eventuales mediante la no renovación al concluir sus contratos.
La plantilla espera que el nuevo administrador judicial intente buscar un inversor interesado en comprar la empresa, mientras que la dirección de la compañía sostiene que la única salida pasa por la liquidación de la sociedad después de que Agalsa y Sogepsa no hayan llegado a un acuerdo sobre la deuda que la primera mantiene con la segunda, tras una sentencia judicial favorable a la sociedad controlada por el Principado. El propietario de un conocido grupo industrial asturiano se había interesado por comprar la factoría gijonesa, pero se echó para atrás ante el fracaso de la negociación con Sogepsa.
La sentencia obligaba a Agalsa a abonar 4,5 millones de euros a Sogepsa por una finca que le había adquirido y sobre la que ambas partes discrepaban respecto a quién correspondía abonar determinados gastos de urbanización. La sentencia favorable a Sogepsa motivó que los bancos cortaran las líneas de crédito que necesitaba la empresa para su operativa diaria. La salida ha sido presentar el concurso de acreedores y el ERE para el despido colectivo.
La solución a la crítica situación de la empresa, desde el punto de vista de MCA UGT, pasa por la búsqueda de un socio inversor, pero "también por un cambio de mentalidad de los actuales propietarios, lo que implica creer en las posibilidades reales de la empresa en lugar de encaminarla directamente al cierre".
Martínez estuvo acompañado en la reunión por secretario de Política Sindical, Javier Campa, y varios compañeros de la comisión ejecutiva comarcal de MCA UGT de Gijón.
