Los siete acusados del grupo criminal dedicado a la venta de hachís en dos establecimientos del barrio de La Calzada alcanzaron ayer un acuerdo con la Fiscalía que accedió a rebajar sus penas de los 36 años iniciales que solicitaba a los 16 años que finalmente aceptaron al presentar la defensa un informe que demostraba el atenuante de drogadicción. También lograron una reducción de pena económica cuya suma quedó fijada en 5.400.000 euros más costas del juicio.
La sesión en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón duró poco puesto que las defensas lograron un acuerdo que aceptaron los acusados, cinco hombres de origen marroquí y dos mujeres de nacionalidad española. Tres de ellos entraron a la sala de vistas esposados provenientes del centro penitenciario de Villabona- y custodiados por seis agentes de la Policía Nacional. Junto a ellos estaba también un intérprete que a medida que el juez interpelaba a los acusados iba traduciendo al momento. Así pudieron aceptar las penas acordadas.
Los hechos se remontan a enero de 2015 cuando los acusados comenzaron supuestamente a vender hachís -en la operación que permitió detenerles se les incautó droga por valor de 583.000 euros- en dos establecimientos hosteleros del barrio de La Calzada. Los tres implicados que estaban en prisión preventiva -representados dos de ellos por el abogado José Manuel Fernández González- lograron quedar en libertad provisional hasta conocer la sentencia.
Dos de los acusados, gracias al atenuante de drogadicción, se repartieron cada uno tres años. Dos años y seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública y multa de un millón de euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 50.000 euros impagados, es decir, 20 días más de no pagar la multa. A ello hay que sumar otros seis meses por pertenencia a grupo criminal. El tercero de los acusados aceptó dos años de cárcel -y seis meses por pertenecer a un grupo criminal- y una multa de un millón de euros en las mismas condiciones que los anteriores. El cuarto de los acusados aceptó dos años de cárcel por delito contra salud pública y seis meses por pertenecer a un grupo criminal. En su caso la multa se fijó en los 600.000 euros con la misma responsabilidad en caso de impago.
Las dos mujeres acusadas en el proceso coinciden en un año de prisión por delito contra la salud pública y seis meses por pertenencia a un grupo criminal. También coinciden en la multa impuesta de 600.000 euros con idéntica responsabilidad personal. En el caso del hostelero implicado se incluye la inhabilitación por 10 años en la hostelería.
