"La Autoridad Portuaria de Gijón no realizó un control riguroso de los camiones que transportaban el material desde las canteras a la obra; la ausencia de un minucioso control sobre la entrada de estos materiales tiene especial relevancia debido a que los suplementos de precios que se abonaron por unidad de m3 colocada en la obra estaban directamente relacionados con la procedencia de los materiales". Esta conclusión se refleja en el informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación de El Musel, que realizó el Tribunal de Cuentas. Un informe que el juzgado central número tres de la Audiencia Nacional ha solicitado que le remitan, indicando además quienes lo elaboraron, para incorporarlo al sumario del "caso Musel", en el que se investigan las supuestas irregularidades en la obra de ampliación portuaria destapadas por un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
El informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas viene de este modo a apoyar una de las conclusiones del informe elaborado por la OLAF: Que es imposible conocer la cantidad y procedencia de los materiales realmente empleados en la obra de ampliación. La UTE Dique Torres, que ejecutó las obras, intentó rebatir esa conclusión de la OLAF con un informe pericial que encargó a Pricewaterhouse Coopers, que sostiene que el 99,37% de los camiones fueron pesados al llegar a El Musel y que sólo ve errores donde la OLAF habla de falsedad.
El Tribunal de Cuentas analizó una muestra de los tiques de los camiones que llegaban a las básculas situadas a la entrada de la obra y los comparó también con la información recogida en los listados que debía elaborar la asistencia técnica a la dirección de obra, la UTE Cabo Torres. Se analizaron más de 9.000 tiques de 50 días aleatorios, lo que representa un 30% de los tiques totales de ese periodo.
Las apreciaciones del informe de fiscalización ponen en cuestión que se hubiera producido un control efectivo. En 2.111 tiques, un 23% de los registrados en los listados de materiales, "se han detectado incidencias, ya sea en el peso de los camiones, en las matrículas, en las canteras de procedencia o en la clase de material que transportaban, en los casos en los que los camiones procedían de canteras comerciales el peso que se registraba no era el de entrada al puerto que registraba la báscula, sino el peso de origen de la cantera que se introducía manualmente, lo que en ocasiones daba lugar a errores importantes en las cuantías de los pesos; en numerosas ocasiones, la fecha de los tiques de pesaje de las básculas es posterior a la del registro; estas incidencias evidencian que los datos registrados en los listados estaban procesados y no respondían a un vuelco automático de la base de datos de las básculas de pesaje", a lo que se añade en el informe que un 15% de los registros incluidos en los listados de control "no están soportados con los tiques de pesaje de la báscula", mientras que un 9% de los tiques de pesaje no se reflejaron en esos listados de control.
A esto, el informe de fiscalización añade que "en los partes diarios de obra" que tenía que realizar la asistencia técnica, "con carácter general no se detallaba el peso de los camiones, ni la cantera de procedencia".
El Tribunal de Cuentas también resalta que la mayor parte de esos listados con materiales para la obra, aunque los debía realizar la asistencia técnica contratada para el control de los trabajos, en realidad se realizaban con datos proporcionados por las empresas constructoras, integradas en la UTE Dique Torres: "Los listados de materiales con los datos de los camiones, la carga que transportaban y la procedencia, proporcionados por la Autoridad Portuaria de Gijón -al Tribunal de Cuentas- están incompletos, faltan periodos, entradas de materiales procedentes de canteras comerciales (fundamentalmente escollera), tampoco son homogéneos en la información que contienen y tienen distinto formato electrónico. Algunos de ellos se elaboraron por la UTE Cabo Torres, pero la fuente de información eran los listados de producción que la UTE Dique Torres confeccionaba utilizando parte de los datos de las básculas de pesaje, con la finalidad de registrar el grado de avance de las obras, por lo que no constituyen una base de datos completa y detallada relativa a los movimientos de entrada de materiales a la obra". Esto es, la UTE encargada de controlar las obras emitía sus informes en base a los datos que le daba la UTE que tenía que ser controlada, la constructora.
El Tribunal de Cuentas también señala que no consta un informe técnico que justifique los criterios en base a los que se adjudicó la asistencia técnica a la dirección de obra y que el método elegido para el pago, a través de la UTE Dique Torres, acabó suponiendo que las constructoras facturaron más a la Autoridad Portuaria en concepto de asistencia técnica (al incluir el beneficio industrial y gastos generales) que lo que pagaban realmente a la asistencia técnica.
