El informe del Tribunal de Cuentas considera que en la ampliación de El Musel se ha producido un desvío de la inversión prevista del 112%, respecto al análisis de viabilidad de la ampliación que efectuó la Autoridad Portuaria en el año 2000. Entonces estimaba el coste de la obra en 355,07 millones de euros, cuando acabó pagando por la misma 754,80 millones. Además, el plazo de ejecución, que iba a ser de 46 meses, acabó siendo de 70.
En cuanto a la contratación de la obra, el informe resalta que la Autoridad Portuaria hizo caso omiso del informe emitido por Puertos del Estado en el que señalaba que en la valoración de ofertas no se podía puntuar ni el rendimiento de equipos ni plazos ofertados, al ser irreal que se pudiera ejecutar la obra en 48 meses. Sobre el modificado del proyecto, apunta que la aprobación de sobrecostes para los materiales de obra contravino los pliegos de licitación del concurso, dado que el aprovisionamieto de materiales era responsabilidad del contratista. También destaca que uno de "los principales motivos" para justificar la adjudicación a Dique Torres fueron las canteras que ofertó y la reducción del plazo de ejecución, canteras que luego no pudo explotar conforme a lo previsto y plazo que se alargó.
Antes de la aprobación de la modificación del proyecto, en diciembre de 2007, el Puerto ya estaba pagando precios nuevos: 63,85 millones de euros de sobrecostes abonados entre abril de 2006 y noviembre de 2007, además de otros 5,1 millones de marzo y abril de 2006 que se descertificaron y volvieron a certificar con los precios más altos.
Otro de los aspectos que toca el informe es la expropiación del alto de Aboño y la permuta de fincas a Tudela Veguín para obtener materiales para la ampliación. Señala que las obras de explanación y acondicionamiento que efectuó la UTE Dique Torres "sólo se ejecutaron en las fincas propiedad de la cementera, ya que el resto de la operación fue paralizada por los tribunales", a lo que añade que "la vulneración de los procedimientos de carácter ambiental provocó que la compra de todas las fincas, así como la expropiación de otras" por 5,59 millones de euros "resultase totalmente inútil para el proyecto de ampliación del Puerto de Gijón".
