La regasificadora de El Musel tiene aprobada por el Gobierno una retribución para 2017 de 23,61 millones de euros, que se repercutirá a los usuarios en las facturas del gas. Esta cantidad se suma a los 119,81 millones de euros ya cobrados por Enagás por la regasificadora gijonesa desde que concluyó su construcción, en octubre de 2012, hasta el año 2016 inclusive.
La cifra aprobada para este año para la planta hibernada figura en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que la desglosa en 19,44 millones de euros en concepto de retribución financiera (para ir pagando los 282 millones de euros que Enagás invirtió en la construcción de la planta de El Musel) y otros 4,16 millones de euros para costes de operación y mantenimiento de la regasificadora de El Musel.
Esa cuantía económica de 23,61 millones de euros para 2017 es la contemplada por el Gobierno para la planta hibernada. El Ministerio de Energía ha dado ya los primeros pasos para levantar la hibernación de la regasificadora gijonesa, si bien Enagás considera que la misma no podrá entrar en servicio antes de 2018, tras volver a solicitar la autorización administrativa para la planta, conseguir contratos con empresas para el almacenamiento y reexportación de gas licuado desde El Musel y una revisión técnica de la instalación que nunca ha entrado en servicio.
El levantamiento de la hibernación dependerá, entre otras cosas, de un informe que elabore la CNMC. En otro informe, de diciembre del año pasado, la CNMC no es muy optimista sobre el crecimiento del mercado del gas. En ese informe, Competencia estima que la demanda de gas en España crecerá en un 1,5% en 2017 respecto a 2016, pero quedando aún ligeramente por debajo del consumo real de 2015. En 2015 se consumieron en España 313,9 teravatios/hora de gas natural, mientras que la previsión de la CNMC para 2017 es que se alcancen los 313,7 teravatios/hora, de los que 193 serán demanda para consumo industrial, 55,8 para la generación eléctrica en centrales térmicas de gas y 64,9 teravatios/hora para el consumo doméstico.
La CNMC considera que el aumento de la demanda en 2017 se cubrirá mediante importaciones por gasoducto y no por regasificadoras. La CNMC advierte en ese informe de que un escenario de demanda sobrevalorado podría implicar "un déficit de las actividades reguladas y que los consumidores soportaran cargas adicionales al tener que abonar los intereses correspondientes".
El futuro de la regasificadora de El Musel también depende de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su autorización administrativa. Equo reclama la demolición de la planta y la devolución de los 119,81 millones de euros cobrados hasta 2016 por Enagás. Tanto Equo como los grupos ecologistas confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tramita la ejecución de la sentencia, tome una decisión antes de que la planta gijonesa deje de estar hibernada. Ministerio, Principado y Enagás confían por su parte en la legalización de la instalación.
