El Ayuntamiento de Gijón ha decidido dar una vuelta de tuerca más a sus procedimientos de contratación con la intención de agilizar trámites, mejorar la planificación, hacer un seguimiento más eficiente de los trabajos contratados, delimitar competencias y responsabilidades sobre cada expediente, incorporar nuevas cláusulas sociales y conseguir ahorros en contratos compartiéndolos entre varios departamentos, entidades y empresas municipales.
Los problemas generados en la tramitación y ejecución de contratos han sido motivo de conflictividad y polémica política en el Ayuntamiento en los últimos meses, con constantes debates en el Pleno. De hecho el nuevo protocolo de actuación en materia de procedimientos de contratación que se ha diseñado desde la concejalía de Hacienda, Empleo y Organización Municipal, que lidera Ana Braña, busca dar cumplimiento a un acuerdo plenario de septiembre del año pasado.
La reforma supone también acometer una nueva revisión del pliego modelo de cláusulas administrativas particulares, una modificación del cuadro de características particulares y el cambio de la instrucción municipal para la contratación pública sostenible (cláusulas sociales) que se aprobó en febrero de 2016. Todos estos cambios, que irán llegando también a los organismos autónomos y las empresas municipales, deberán adecuarse a la nueva ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor en unos meses.
Una de las claves es la planificación. Y para ello el protocolo que se presenta en Hacienda marca que antes del 15 de marzo de cada año, todas las unidades administrativas de la estructura municipal deben notificar al área de Patrimonio y Contratación la previsión de contratos de suministros y servicios a realizar en el año, además de las licitaciones que vayan a terminarse o entren en prórroga. Lo mismo para las compras aunque aquí la destinataria es la Sección de Compras. Para este 2017 esta fecha se demora al 10 de abril. En esa fase del proceso ya se podrán ver y definir que contratos se pueden hacer de forma conjunta. Algo que viene siendo habitual, por ejemplo, en energía eléctrica.
Por 350.000 euros
De cara a la elaboración de los presupuestos municipales del año siguiente, habrá que informar antes del 15 de septiembre de todas las previsiones de nuevas contrataciones e inversiones a Contratación, que en octubre informará en la web de sus previsiones de licitación y hará un anuncio previo informativo en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El protocolo fija también todas las condiciones que debe contener el expediente de contratación y los documentos a incluir. En el caso de contratos de obras se impone un informe de supervisión para obras superiores a 350.000 euros. Sobre el seguimiento de los contratos se hace especial hincapié en este protocolo que vincula cada contrato a un responsable. Su misión es detectar y comunicar a la Servicio de Contratación y Compras cualquier incumplimiento que el adjudicatario haga de sus obligaciones. Una labor que nada tiene que ver con labores de inspección que corresponden a las autoridades competentes. Por ejemplo, laborales o medioambientales.
Los plazos de presentación de ofertas en los procedimientos abiertos oscilarán entre los 8 y los 40 días naturales, según sean contratos de obra, servicio o suministro y de tramitación ordinaria, urgente o regulación armonizada. En los procedimientos restringidos esos plazos van de 5 a 35 días.
