22 de marzo de 2017
22.03.2017

La dirección de Apta y los sindicatos, en consultas por el ERE

La negociación comenzó formalmente la semana pasada, tras conversaciones previas para acercar posturas

22.03.2017 | 03:15

La dirección de Apta y el comité de empresa del centro especial de empleo gijonés, iniciaron el martes de la semana pasada el periodo obligatorio de consultas del ERE para prescindir de 40 discapacitados. Se trata de una regulación temporal de empleo, por dos años, si bien los afectados sólo tendrán derecho a cobrar del paro cuatro meses, al haber consumido con anterioridad sus prestaciones por desempleo, al haberse visto afectados por otras regulaciones anteriores.

Los trabajadores afectados son los que por su grado de discapacidad tienen un peor rendimiento. Su envío al paro no obedece tanto a que sobre personal en el centro de empleo, como a la necesidad que tiene Apta de reducir sus cuantiosas pérdidas. En ese sentido, además del envío al paro de sus trabajadores menos productivos, la dirección de Apta también ha planteado a los sindicatos una rebaja salarial del 7% para todos los trabajadores cuyos sueldos superen el salario mínimo interprofesional.

Aunque formalmente los contactos entre la dirección del centro especial de empleo y el comité de empresa comenzaron el martes de la semana pasada, las negociaciones entre dirección y sindicatos ya se venían produciendo desde fechas anteriores, cuando la primera propuesta de la dirección de Apta había sido el despido de 70 trabajadores.

La dirección de Apta ha indicado a los sindicatos que en el caso de que aumente su carga de trabajo podrían llamar a los trabajadores que va a enviar dos años al paro, algo que depende fundamentalmente del un convenio que Apta está negociando con el Ayuntamiento, con ocupaciones adecuadas para el personal que ahora quiere regular de empleo.

Apta quiere mejorar su competitividad para salir de números rojos antes de que se agoten los recursos aportados por Ilunion (grupo empresarial de la Corporación Once) cuando abandonó el accionariado y la gestión de Apta.

La propuesta de regulación de empleo llega después de que Apta intentara, sin éxito, que parte de sus trabajadores solicitaran revisiones de su grado de discapacidad para lograr una incapacidad laboral o la jubilación.

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