Los servicios de control ambiental del Principado visitarán en los próximos días la factoría de Arcelor Mittal en Gijón para comprobar que las obras que está realizando la siderúrgica para el derribo de sus viejas baterías se ajustan "a lo permitido", que según el Principado serían operaciones previas al desmantelamiento de las baterías, para lo que es suficiente que la siderúrgica cuente, como es el caso, con licencia de obra municipal. Si las obras exceden de lo permitido "se actuará en consecuencia", señalaron ayer desde la Consejería de Medio Ambiente.

La Consejería apunta su voluntad de "agilizar al máximo tanto la declaración de impacto como la autorización, conscientes de la importancia de la actividad y en cumplimiento con lo comprometido, pero hubo que requerirles nuevamente documentación, pues lo que habían presentado estaba incompleto".

ArcelorMittal sostiene que no precisa la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que ha elaborado para la demolición y reconstrucción de las baterías de coque de la factoría de Veriña para proceder a su demolición, trabajo que ya inició el pasado 28 de marzo. La multinacional sostiene que una cosa es la demolición y otra el tratamiento que se haga de los residuos que se generan, que es lo que sí está sujeto, según la empresa, a la aprobación de la evaluación ambiental.

Por su parte, el diputado autonómico de IU, Ovidio Zapico, solicitó ayer la convocatoria urgente de la comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Principado para recabar la comparecencia en la misma de la Consejera del área, Belén Fernández y de la Directora General de Prevención y Control Ambiental del Principado, Elena Marañón, para que den explicaciones.