Eduardo Ranz Alonso (Madrid, 1984) es abogado en ejercicio y diplomado en Empresariales. Mañana será uno de los ponentes de la mesa redonda titulada "Memoria histórica", que organiza Gijónsocialista, a las 19.00 horas, en el centro municipal de La Arena. Eduardo Ranz lucha desde hace varios años en los tribunales para que se supriman, en las calles de pueblos y ciudades de España, los vestigios franquistas.
- ¿Por qué inició su campaña contra los símbolos franquistas?
-Fue hace cinco años, yo tenía veintisiete y tuve la suerte de que unas familias de Calatayud confiaron en mí para que les representara en sus solicitudes para exhumar del Valle de los Caídos a sus familiares. Ahí comenzaron los primeros procedimientos. Luego, en febrero de 2015 comenzaron los procedimientos de simbología que, en principio, eran contra treinta y siete ayuntamientos. Ahí comprendí que la memoria histórica donde verdaderamente se vive es en los pueblos y no en las grandes ciudades, y amplié las acciones legales. Ahora hay más de cincuenta procedimientos judiciales abiertos.
- ¿Quién le respalda?
-Lo hago a título particular, fundamentalmente.
- ¿Tuvo en su familia represaliados republicanos de la Guerra Civil?
-En la familia hay cuatro fusilados y uno exiliado en México, pero fue una historia que he descubierto después de iniciar los procedimientos legales. Eran sorianos por parte de mi padre y republicanos que todavía están tirados en cunetas. Tengo familiares en fosas en Soria y Burgos.
- ¿En su casa nadie le había hablado de nada de eso?
-Así es, era una historia de la que no se hablaba.
- ¿En muchas familias no se comenta por considerarlo un estigma?
-Claro, no era solo que fusilaran al marido, también le ponían una multa a la viuda, se quedaban con todos los bienes, la multa era para que los hijos no pudieran estudiar, por tanto había que sobrevivir y, lógicamente, de ello no se hablaba. Luego pasó una generación que no habló de ello, pero ahora vienen las generaciones de los nietos y bisnietos que ya nacieron con la democracia y son los que quieren dar una solución a la cuestión de la memoria histórica.
- Habla usted de incautación de bienes a los represaliados. ¿El rechazo en una parte de la sociedad española a poner en orden la memoria histórica puede tener que ver algo con esos bienes que pasaron a ser propiedad de vencedores de la Guerra Civil?
-La incautación de bienes es, en mi opinión, lo más complicado para el asunto de la memoria histórica. Es lo que precisamente limita a la memoria histórica. Quien ahora mismo tenga la finca o el piso que se incautó, seguramente sea un descendiente que no es responsable de lo ocurrido, pero la mayoría de las víctimas del franquismo lo que solicitan es la digna sepultura de sus familiares, la reparación, la justicia y la verdad. Son muy pocos los que solicitan una indemnización económica o una restauración de bienes. Es cierto que hubo un robo, ya que llegaban en un momento dado, veían una propiedad, si ese día el juez se había dejado la camisa azul en casa citaba a declarar al justo propietario de la casa o de la tierra, pero lo que pasaba con el justo propietario es que o estaba en una cuneta, en el monte o en el exilio, por tanto posteriormente llegaba el vencedor e inscribía a su nombre la propiedad y ahí se terminaba. Si ahora mismo se tirara de ese hilo seguramente se colapsaría el sistema y habría que indemnizar a las familias expoliadas, que sufrieron ese robo, pero lo que no es factible es que eso sea la excusa para impedir las exhumaciones.
- ¿La ley de Memoria Histórica está parada?
-Se han retirado las ayudas a las exhumaciones, con ello lo que se hace es derogar la norma de facto. Para reactivar la ley tenemos en marcha una iniciativa popular para recoger firmas. Se puede ver en elultimopaso.es.
