José Ángel Gayol, presidente de Ocan -asociación afín a Podemos que ejerce la acusación popular en el "caso Musel"- consideró ayer que la citación como imputados de los 9 directivos de Dragados, FCC, OHL, Alvargonzález Contratas y la UTE Dique Torres que negociaron en marzo de 2006 en el Ministerio de Fomento los sobrecostes de la ampliación de El Musel con cargos del Puerto y estatales "implica, de alguna manera, dar verosimilitud a la connivencia que parece haber entre la clase política y las altas clases empresariales. Una connivencia que lleva incluso a modificar, o por lo menos los indicios más contundentes así lo señalan, una contratación pública sin el procedimiento legalmente establecido".
Ocan recordó que el Puerto comenzó a pagar nuevos precios en la obra "sin tramitación pública" algo que se demoró hasta pasadas las elecciones autonómicas de 2007. "Nos parece particularmente grave y esperemos que estas declaraciones ayuden a esclarecer definitivamente qué tipo de relaciones había entre cargos políticos y estas grandes empresas".
