Ecologistas en Acción ha remitido un escrito a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente reclamando sobre los trabajos de derribo de las baterías de coque de Arcelor-Mittal en Gijón, en el que pide al Principado "que inicie el correspondiente procedimiento de investigación por si las actuaciones llevadas a cabo por la empresa pudieran ser contrarias a la legislación vigente".
Arcelor comenzó el pasado 28 de marzo a derribar el refractario de los hornos de las baterías de coque de Gijón, después de varias semanas achatarrando el interior de la instalación. La siderúrgica señala que tiene licencia de obras del Ayuntamiento y que no precisa esperar a obtener la declaración de impacto ambiental para la demolición y reconstrucción de las baterías, que está tramitando ante el Principado. Sostiene que una cosa es el derribo de la instalación, que sí puede hacer y otra el tratamiento de los residuos, para lo que si requiere la autorización ambiental.
No lo ven así Ecologistas en Acción, que recalcan que la legislación medioambiental española establece que la Autorización Ambiental Integrada para una instalación sustituye el procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas, siendo "vinculante para la autoridad municipal cuando implique el establecimiento de los aspectos mínimos medioambientales, la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras". El grupo ecologista apunta que la licencia municipal sólo indica la adecuación de la obra a la normativa urbanística, pero no valida los aspectos medioambientales de la actuación.
El portavoz de Ecologistas en Acción en Asturias, Paco Ramos, señala que todo apunta a que Arcelor está realizando las demoliciones sin la autorización ambiental necesaria, en base a la respuesta que la Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, dio a la pregunta formulada por el diputado autonómico de IU Ovidio Zapico.
La Consejera señala en su respuesta que la tramitación ambiental de la demolición se está tramitando conjuntamente con el proyecto de reconstrucción de las baterías de coque. El documento ambiental pendiente de aprobación por el Principado establecerá las medidas correctoras para minimizar los daños al medioambiente de la demolición, unos efectos sobre los que "no se tendrán definidas medidas preventivas hasta que no se finalice la tramitación del procedimiento", señala Ramos.
La demolición de las baterías de coque tiene efectos sobre la calidad del aire y de las aguas, contaminación del suelo y genera residuos, parte de ellos peligrosos y otros inocuos, consideran.
