Desde que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase, por abusivas, la ilegalidad de las cláusulas suelo en las hipotecas contraídas con los bancos en España, sin importar la fecha en que se hubieran suscrito dichas hipotecas, la postura de los tribunales españoles ha dado un giro radical. El Tribunal Supremo español había obligado a los bancos a devolver lo cobrado en cláusulas suelo, pero sólo hasta una fecha determinada. La UE obligó a reintegrar en su totalidad lo cobrado ilegalmente, sin limitar la retroactividad, y ahora el Supremo actúa en consecuencia.
El alto tribunal español ha aceptado dos recursos extraordinarios de queja formulados por sendos gijoneses a los que la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Gijón les había inadmitido la presentación de sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial había fallado en contra de lo que reclamaban los dos afectados por las cláusulas suelo. La Audiencia Provincial había inadmitido ambos recursos en base a los criterios en estos casos que venía marcando el propio Tribunal Supremo. El alto tribunal varía ahora ese criterio y ordena a la Audiencia Provincial tramitar ambos recursos de casación ante "el cambio de circunstancias operado desde la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016", que enmendó la plana al Supremo.
Estos dos gijoneses afectados por las cláusulas suelo han podido reclamar por los pelos. Normalmente, las posibilidades para recurrir una sentencia acaban con el recurso de casación ante el Tribunal Supremo o con la inadmisión del mismo. El recurso de queja es de carácter extraordinario y sólo suele prosperar ante circunstancias excepcionales, como son estos dos casos, que de otro modo había quedado como sentencias firmes.
Una situación más complicada es la que vivirán los afectados por las cláusulas suelos a los que la sentencia del Tribunal Europeo les pilló con sus reclamaciones judiciales ya cerradas en España con una sentencia firme.
El abogado Marcelino Tamargo, de Espacio Legal, explica que ahora el problema está en que esos afectados deberán iniciar de nuevo los trámites de reclamación con el riesgo de que los bancos esgriman que la nueva demanda "ya es causa juzgada y con sentencia y por lo tanto se desentiendan del problema", sostiene el letrado. La opción entonces, aconseja, es ir contra la administración por el lastre ocasionado a raíz de la postura del Supremo desde 2012. "Todos los despachos de España estamos buscando la fórmula para que la administración pague por la responsabilidad de la administración de Justicia", desvela Tamargo sobre los casos perdidos y ya concluidos. "La formula acabará saliendo y acabarán pagando", valora.
