En su declaración judicial Barettino declinó cualquier responsabilidad en los contratos de la obra, descargando la misma en el Abogado del Estado jefe de Asturias, José María Alcoba,descargando la misma en el Abogado del Estado jefe de Asturias, José María Alcoba que figura como investigado en la causa.

El abogado de Alcoba le preguntó sobre un informe firmado por Barettino relativo a los sobrecostes y el modificado de la obra de ampliación, a lo que el director de El Musel respondió que aunque estaba firmado por él, lo habría realizado un subordinado "especialista" en esos temas y que sus informes no eran vinculantes, al contrario que los del Abogado del Estado. Su planteamiento es que sus responsabilidades jurídicas en el Puerto eran de carácter interno, pero no respecto a los contratos de obras y que los contratos que pasaban por sus manos eran "contratos tipo" elaborados por Puertos del Estado.

Pese al escaso peso en la gestión del Puerto que se atribuye, fue él y no Díaz Rato quien el 22 de abril de 2009 compareció ante los medios de comunicación junto a Rexach y Alcoba después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelara un informe de la Comisión Europea que consideraba que el Puerto había favorecido a Dique Torres en la licitación de la obra, al incluir una cláusula en la licitación sobre la cantera de Aboño, de la que Sato era copropietaria.

En aquella comparecencia, Barettino defendió la actuación del Puerto señalando entre otras cosas que "la intención de la Autoridad Portuaria cuando firmó el acuerdo de intenciones con HC para la explotación de ese espacio no fue introducir un elemento distorsionador, sino todo lo contrario. Se buscaba garantizar la radical igualdad entre todas las empresas que pudieran concursar".