Gabriel Pérez, el cabecilla de la reclamación de otros 226 socios del Centro Asturiano de La Habana a los que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón en su demanda para que se les reconociera la condición de socios del Grupo Covadonga desde el 30 de junio de 2011 y que han conseguido la anulación de todos los acuerdos tomados por las asambleas grupistas desde entonces al no haber podido participar en ellas tras el polémico proceso de fusión de ambas entidades, considera que "entre las suspendidas puede estar la que aprobó la compra de la finca "La Torriente" y si eso es así tenemos un problema muy grave que no sé cómo se puede afrontar".

Esta incertidumbre es una de las muchas, pero tal vez la más relevante, de la sentencia conocida el pasado lunes y que ha caído como una bomba en el club gijonés. En su dictamen, el Tribunal Supremo abre una salvedad y es que la anulación de los acuerdos aprobados y la elección de presidente en 2012 "no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia de acuerdos impugnados o de los negocios jurídicos celebrados con quien aparecía como presidente de la asociación". Ver qué acuerdos se encuadran en esta salvedad es uno de los trabajos que tiene por delante la directiva que encabeza Antonio Corripio y que se ve inmersa en un problema que se generó mucho antes de su toma de posesión.

Para Gabriel Pérez, en la asamblea en la que se aprobó la compra de "La Torriente" "no se trasmitió a los socios una información veraz" y cree que "el millón de euros que se invirtió en esa compra hubiera estado muy bien invertirlo en la finca de Mareo. "La Torriente" es muy apetitosa para el club pero se tenía que haber dicho la verdad: la finca no está segregada, se depende de otro propietario que tiene casi el cincuenta por ciento, es una unidad de ejecución y está catalogada como jardín. Si se hubiera dicho eso a los socios y aún así se hubiera aprobado, no pasaría nada, pero mentir a los socios está muy mal".

La directiva grupista mantuvo ayer una primera reunión al término de la cual hizo pública una escueta nota en la que asegura que a día de hoy (por ayer) no tienen notificación oficial de la sentencia y que una vez recibida la junta directiva "analizará con detalle el contenido, antes de emitir cualquier opinión al respecto". También añadió que defenderá "los intereses de la entidad, por encima de intereses particulares. En todo caso respetará y acatará cualquier decisión judicial firme". Corripio reiteró que su directiva "se opuso a este recurso presentado por Gabriel Pérez y 226 personas más". El apoyo de la entrada de los socios del Centro Asturiano en el Grupo fue una de las principales bazas electorales de Corripio para imponerse en las elecciones del club.

El presidente afirmó que "queremos ser muy cautos y hasta que no tengamos un informe de los servicios jurídicos no haremos una valoración" . Corripio reconoció que "el escenario que se abre ahora es muy amplio y no queremos andar con especulaciones".

Gabriel Pérez, el cabecilla de los reclamantes, todos socios ya de pleno derecho del Grupo, destacó que el Supremo "confirmó íntegramente nuestras peticiones en la demanda, nos reconoce todos los derechos y confirma que los errores de gestión de la etapa de Tamargo fueron claros". Para este socio "repetir las elecciones del 2012 no tiene mucho objeto porque ya hubo otra posterior en las que sí participamos y ésas no están anuladas" y considera que "desde 2012 a 2016 hubo un presidente que está invalidado judicialmente por sentencia del Supremo".

Pérez es partidario de una solución "rápida y dialogada. Entendemos que todos somos personas mayores de edad y que lo que deberíamos hacer es sentarnos alrededor de una mesa y cerrar esta historia de una vez porque ya dura once años. Nosotros nos reunimos siempre que nos llamaron y ofrecimos múltiples posibilidades de arreglo, pero siempre se nos intentó ningunear y ahora se nos da la razón en todo lo que pretendíamos".

El portavoz de los demandantes reitera que "por encima de todo deben primar los intereses del Grupo Covadonga, nadie debe de jugar con el club como creo que se ha estado jugando durante estos últimos años". Gabriel Pérez rechaza categóricamente "ir contra nadie, no tengo el más mínimo interés en que Enrique Tamargo tenga problemas pero a mí me creó un conflicto y solo quiero defender los derechos de la gente que estuvimos ninguneados durante nueve años". Y añade que "nadie nos puede tildar de ser los malos de la película cuando en realidad fuimos los perjudicados, como confirma la sentencia del Supremo".