La primera "protesta" de los abogados defensores -que les permitiría recurrir por supuesta indefensión una posible sentencia condenatoria- fue formulada por los letrados Ana García Boto y Luis Tuero ante la negativa del magistrado a que se subieran a la sala las 54 cajas con documentación incautada en el registro de las oficinas de Mina La Camocha en el año 2001. El magistrado Luis Ortiz explicó que esa documentación, almacenada en los bajos del Palacio de Justicia, no se ha subido a la sala en la que se celebra la vista oral "por salubridad, dado su hedor intenso".

García Boto llegó a decir que si esa documentación no se trajo es "porque ha desaparecido" dado que la misma "está ilegible y no se puede manejar" a raíz de una inundación en los bajos del Palacio de Justicia donde se almacena.

El fiscal Luis Llorente replicó señalando que toda la documentación relevante se encuentra en la sala y que la acusación no se basa en los documentos almacenados, que fueron desechados por irrelevantes ya desde un informe fiscal de noviembre de 2001. Si la defensa quiere apoyarse en alguno de esos documentos que la acusación no consideró relevantes ya desde 2001, puede hacer una solicitud "concisa, concreta y determinada, como se exige que sea la prueba documental", agregó. El fiscal resaltó que constan en la causa más de 50 referencias de acceso de las defensas a la documentación, que estuvo puesta a su disposición.