El Ayuntamiento garantizará a las familias de Gijón los recursos necesarios para vivir con dignidad. Alcanzar ese "mínimo vital digno", como lo definió la edil de Bienestar Social, la forista Eva Illán, es el objetivo principal de la nueva renta social municipal, que se pondrá en marcha en breve después de que ayer se aprobaran sus bases en una sesión extraordinaria de la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Foro sumó los votos positivos de Xixón Sí Puede e IU. La representación del PSOE optó por la abstención y el PP, pese a haber anunciado que votaría a favor, decidió en el último minuto rechazar el proyecto. Algo que Ciudadanos tenía claro desde el principio.

Esos mínimos para vivir con dignidad se fijan en los 665,64 euros al mes para familias de uno o dos miembros, 832,05 euros para tres miembros y 1.065,02 euros para cuatro o más miembros. Sumando pluses por menores de 14 se elevarían esos mínimos hasta los 718,89, 938,05 o 1.125 euros, según el número de integrantes de la unidad familiar. El Ayuntamiento se hace cargo de la diferencia entre los ingresos familiares y ese mínimo mensual. Y lo hará a través de dos líneas de ayudas. Una pensada para quienes ya son perceptores de un ingreso público, especialmente el salario social básico, y otra para quienes teniendo ingresos por trabajo no alcanzan esas mensualidades. A los primeros (línea 1) se les facilitará dinero para la compra de productos específicos y a los segundos (línea 2) se les dará una ayuda económica por un máximo de doce meses.

A la hora de valorar los ingresos de cada familia se tendrán en cuenta las ayudas municipales que ya reciban: becas comedor, becas de atención temprana, ayudas energéticas o ayudas al alquiler, entre otras que tiene la Fundación Municipal de Servicios Sociales. De aquí que se espere que la renta social o plan de emergencia social, como también se le llama, sirva para hacer una radiografía real de la situación socioeconómica de los gijoneses.

"Este nuevo programa viene a complementar un elenco de ayudas sociales existentes en Gijón que diría, sin ningún tipo de reparos, que es uno de los más completos de Asturias. Por no decir de España", sentenció Illán. Para la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales "el éxito o el fracaso de esta medida no se mide en función del número de solicitudes sino en que la mayoría de los gijoneses que estén en estos ratios económicos las soliciten. La buena noticia sería que muy poca gente necesitara estas ayudas complementarias". Por ahora no hay estimaciones de posibles beneficiarios más allá de un informe preliminar que hablaba de 21.500 hogares en la ciudad con ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales.

Precisamente la falta de esa información cuantitativa, la "ambigüedad" de los informes jurídicos presentados, las dudas sobre algunos elementos de las bases que no les fueron razonadas a satisfacción, el hecho de que no se hagan informes de intervención sobre los beneficiarios de la línea 2 y la falta de medidas de inserción o mejora laboral fueron algunos de los argumentos utilizados por el PP para avalar su voto en contra del último minuto. "Insisten en el error de querer tener un minisalario social gijonés", sentenció Pablo González. Sólo unas horas antes el mismo edil anunciaba el sí a unas bases que, básicamente, eran las mismas que se sometían a votación. Los ajustes de última hora fueron eliminar la obligación de repetir el aporte de documentación a las familias ya valoradas por el Principado para el salario social e incorporar al catálogo de productos las lentillas, la exigencia de máxima eficiencia energética para los electrodomésticos y los gastos de desplazamiento en reparaciones de hogar.

Para el PSOE fueron las posibles consecuencias fiscales negativas para los perceptores (como ya pasó con las ayudas a los vecinos por la rehabilitación de barrios degradados) los que le posicionaron en la abstención porque, en explicación del edil José Ramón García, "tenemos dudas pero no podemos estar en contra de dar ayudas a las familias". XSP e IU votaron a favor como habían anunciado Estefanía Puente y Ana Castaño aunque exigiendo a Foro agilidad y eficiencia en la tramitación.