El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó ayer sacar a subasta sus terrenos en el antiguo astillero Naval Gijón, con un precio mínimo de puja de 5,4 millones de euros. El Puerto ya había intentado aprobar esta venta en reuniones anteriores de su consejo, algo que no pudo ser debido a las discrepancias que había entre el registro de la propiedad y el catastro respecto a la superficie que le pertenece en el antiguo astillero.

El Puerto reclamó el cambio de medidas al registro de la propiedad, que contabilizaba 800 metros cuadrados menos de los que tiene su parcela, tal como reflejaba el catastro. De no haber aprobado ayer la subasta de estos terrenos, el Puerto tendría que haber vuelto a encargar una tasación, al estar a punto de vencer la validez de la última efectuada.

La parcela de Naval Gijón será el segundo de los activos que ponga en el mercado el Puerto, que necesita hacer caja para reducir la cuantiosa deuda que contrajo para pagar la obra de ampliación de El Musel. El primer activo que vendió fue la Quinta de la Vega, comprado por el Ayuntamiento de Gijón por 1,3 millones de euros.

El cumplimiento del programa de venta de activos es una de las condiciones que puso Puertos del Estado para la reestructuración del crédito de 215 millones de euros que concedió a El Musel (a través del ICO) para pagar los sobrecostes de la ampliación. El consejo de administración del Puerto autorizó ayer a su presidente a firmar esa reestructuración, que sólo está pendiente ahora de su ratificación por el Consejo Rector de Puertos del Estado a finales de este mes. El acuerdo pasa por adelantar el vencimiento del préstamo, pero a la vez derivar a sus últimos años el grueso de las amortizaciones.

La deuda contraída por el Puerto para la obra de ampliación ascendió a 465 millones de euros (250 con el Banco Europeo de Inversiones y los 215 del ICO), de los que ya ha amortizado 43 millones del BEI. Le queda por tanto una deuda de 422 millones de euros y ha renegociado las condiciones del 72,7% de la misma (los 215 millones del ICO y 92 millones del BEI).

El plan de enajenaciones para mermar la deuda incluye (además del solar de Naval Gijón y la Quinta de la Vega), la antigua sede de la Autoridad Portuaria frente al Puerto Deportivo, que saldrá a la subasta en 3,7 millones de euros una vez que de el visto bueno Madrid y por el que ya se han interesado varias firmas hoteleras; unos terrenos en Jove que se subastarán por 700.000 euros y la mayoría accionarial del Puerto en la terminal de graneles sólidos Ebhisa así como las dos grúas pórtico que usa la terminal. El cuaderno de venta de Ebhisa se está revisando y se prevé que esté listo en el mes de septiembre. El último de los activos de los que se iba a desprender el Puerto, el Torreón de la Vigía, ubicado sobre el rompeolas del Puerto Deportivo, fue cedido hace años a la Dirección General de Costas.

En su reunión de ayer el consejo del Puerto también aprobó el plan de inversiones para los próximos años, que incluye el tendido en tres fases de una linea de ferrocarril de ancho ibérico hasta el Muelle Norte de la ampliación, actuación necesaria para la plena operatividad de esas explanadas. La primera fase supondría llevar la linea hasta la zona reservada para la terminal de graneles líquidos. Ese plan de inversiones debe ser aún aprobado por Puertos del Estado.

El consejo del Puerto también abordó ayer otros asuntos, entre ellos los siguientes:

Tráficos. Se incrementaron en un 6% en el primer trimestre del año, que se cerró con 7.408.000 toneladas movidas. El incremento se debió en buena medida a los graneles sólidos, que crecieron en un 28,5% y a la mercancía general, que aumentó en un 19,6% fundamentalmente por el tráfico contenerizado que aumentó en un 30% con 5.800 teus (contenedores de 20 pies o equivalentes) movidos que en el primer trimestre del año pasado. Los graneles líquidos crecieron en un 2,87%.

Ebhisa. Se autorizó a Ebhisa a incorporar a 5 trabajadores eventuales. Esta medida se suma a los 7 trabajadores indefinidos que Ebhisa incorporará en junio, tras habérselo autorizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.