Un abogado gijonés se enfrentará mañana a una pena de cuatro años y ocho meses de prisión por defraudar a la Hacienda Pública más de 840.000 euros. Además, la Fiscalía le reclama multas por valor de 900.000 euros y el pago de dos indemnizaciones a la Hacienda Pública que ascienden a 842.612,5 euros.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, durante los años 2006 y 2007, trabajó como abogado, ejerciendo a título individual y a través de una comunidad de bienes. Faltando conscientemente a la verdad y con ánimo de ocultar la realidad, presentó las declaraciones de liquidaciones, correspondientes al IRPF, por los periodos 2006 y 2007 minorando la base imponible con la intención de enriquecerse en la misma proporción que perjudicaba a la Hacienda Pública. Así, en la declaración sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año 2006, el acusado ingresó 47.850,35 euros, dejando de ingresar 354.116,43 euros, y en el año 2007 ingresó 78.338,52 euros, dejando de ingresar 488.496,07 euros.

Durante los ejercicios 2006 y 2007 el acusado ideó un mecanismo para ocultar el origen de los fondos que recibía. Así, ocultó dos tipos de rendimientos de actividades económicas, los procedentes de su actividad profesional de abogado y, por otro, los de su actividad empresarial como prestamista, pues durante estos dos años se dedicó habitualmente a prestar capitales a terceros, personas físicas y jurídicas, para obtener un beneficio o rendimiento mediante el cobro de los intereses pactados sin justificar el origen de los fondos para su concesión.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la hacienda publica del artículo 305.1 del Código Penal, en la redacción anterior a la LO 5/2010, vigente en la fecha de los hechos. Y solicita que se condene al acusado por el delito contra la Hacienda Pública derivado del incumplimiento de la obligación de abonar las cuotas debidas del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas durante el año 2006, dos años y cuatro meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 400.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 1.500 euros no satisfechos. Además, reclama que se le condene también por el delito contra la Hacienda Pública derivado del incumplimiento de la obligación de abonar las cuotas debidas del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas durante el año 2007, dos años y cuatro meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 500.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 1.500 euros no satisfechos.

A todo ello habría que sumar las costas procesales y, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la Hacienda Pública con 354.116,43 euros, correspondientes al ejercicio 2006, y con 488.496,07 euros, correspondientes a 2007, todo ello más los intereses legales correspondientes.

El juicio se celebrará mañana, 25 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, a las 9,15 horas.