Los cuatro acusados por el supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha se declararon ayer inocentes de los tres supuestos delitos de los que les acusan por el desvío de subvenciones concedidas a la antigua mina gijonesa para la compra de carbón importado y de cielo abierto, revendiéndolo como propio a la térmica de Aboño. Los cuatro acusados coincidieron ayer en atribuir a directivos empresariales ya fallecidos la responsabilidad y el control de las empresas implicadas en la supuesta trama; Mina La Camocha y dos compañías interpuestas para camuflar supuestamente la compra de carbón, Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones (Trabex). El supuesto fraude se habría cometido entre 1998 y 2000 con unas 98.000 toneladas de hulla ajena al pozo gijonés y se ha cifrado en cerca de 17 millones de euros.

El que fuera presidente de Mina La Camocha y de su consejo de administración, Manuel Martín Martín, negó en la sesión de ayer que gestionara la empresa, señalando a ese respecto al dueño y "director técnico", Fernando Luis García Brugos y al director general de servicios, Víctor Zapico, ambos fallecidos. "El presidente se dedica a presidir la compañía y otros a gestionar el negocio. Yo en el negocio no estaba, ni me contrataron para ello ni sabía hacerlo. Fernando García Brugos como director técnico y Víctor Zapico en el campo de los servicios eran los que sabían de ese negocio", declaró Martín.

Martín sí reconoció que Mina La Camocha había adquirido carbón en aquel periodo en "no más de 16.000 o 18.000 toneladas", pero apuntó que la compra de mineral por una empresa minera no es ilegal y que la mayoría lo hacen. La defensa siempre se ha apoyado en que las compras de carbón se hicieron para entregar el cupo que le correspondía a cada trabajador por los vales.

La apoderada de Mina La Camocha, Margarita García, por su parte, resaltó que su labor se limitaba a la contabilidad de facturas que ya le llegaban conformadas por los responsables de los servicios y también aludió al fallecido Víctor Zapico señalando que "era el que coordinaba todos los servicios", señalando también que era él quien "nos daba los datos del carbón". García insistió en que ella no era la máxima responsable del departamento financiero, sino "una técnica contable" sin capacidad de decisión.

Guillermo Alfredo Honrubia, apoderado de Trabex y de Hullas del Coto Quirós y con despacho en Mina La Camocha, señaló que en Coto Quirós "el que cortaba el bacalao era don Fernando pero el responsable era José Luis" en referencia a dos de los hermanos García Brugos ya fallecidos. Señaló que él se limitada a tramitar las órdenes que recibía, de Hullas del Coto Quirós de José Luis García Brugos. Respecto a Trabex, apuntó que inicialmente las órdenes las recibía del empresario Juan José Cachero y posteriormente de José Álvarez, este último propietario de una empresa de distribución de carbones, también fallecido.

Ángel Manuel García Brugos afirmó no saber nada de todo esto, a pesar de que figurara como administrador único de Hullas del Coto Quirós. Señaló que allí lo puso su hermano cuando él era un estudiante en León y que aunque en un juicio penal que se celebró en 2006 se mostró conforme con una pena por tres delitos fiscales por la venta de carbón de Hullas del Coto Quirós a Mina La Camocha, sin haber declarado esas ventas a Hacienda, lo hizo siguiendo las indicaciones de su hermano Fernando, que fue además quien contrató los servicios del abogado que lo representó, Carlos Bueren.