Pablo P. G., el gijonés de 46 años que atracó una sucursal bancaria en la avenida Constitución en el mes de marzo, deberá hacer frente a los delitos de robo y detención ilegal que se traducen en una pena de siete años y tres meses de cárcel según la petición inicial de la Fiscalía. Además, en la causa, la entidad bancaria afectada se personará como acusación particular, no así los empleados retenidos durante el incidente.

El acusado, en prisión preventiva desde el atraco al banco, lleva varios años enganchado a la heroína. De hecho, sus primeras palabras al acceder a la sucursal el pasado 7 de marzo a las 13.50 horas, fueron "quiero dinero para droga". Ninguno de los empleados ni clientes que en ese momento estaban en el local repararon en él hasta que se percataron de que llevaba una pistola en la mano. Un arma que luego resultó ser una pistola detonadora que en ese momento no estaba preparada para disparar munición real. El asalto duró cuarenta minutos que tuvieron en vilo al centro de la ciudad hasta que, gracias al dispositivo desplegado en la zona por la Policía Nacional, se procedió a su detención y liberación de los rehenes, algunos con episodios de crisis nerviosa, pero sin resultar heridos.

El procesado está en prisión desde que el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón así lo decretase tras escuchar su versión. Entonces, aseguró recordar tan sólo a partir del momento en que se vio esposado por los agentes de la Policía Nacional que le detuvieron en la sucursal bancaria. Además del arma de fogueo llevaba entre sus ropas 6.000 euros repartidos entre dos sobres.

Pablo P. G. ya fue condenado por unos hechos similares después de perpetrar dos atracos en 2012. Uno de ellos lo cometió en Nuevo Gijón y se llevó 25.000 euros. Allí volvió meses después pero sin atraverse a entrar; el último llegó en agosto en una sucursal del paseo de Begoña en que se llevó 20.000 euros. Por esos episodios estuvo en prisión durante tres años y cinco meses, la pena que le impuso el juez, y salió en libertad en enero de 2016. Ahora, una vez concluida la fase de instrucción, está a la espera de que el juzgado dictamine la apertura del juicio oral para responder por los hechos que se le imputan.