07 de junio de 2017
07.06.2017
Investigación en la Audiencia Nacional de las irregularidades en la ampliación portuaria

Las constructoras niegan un pacto con Fomento para los sobrecostes de El Musel

Ejecutivos de las firmas admiten que hubo una reunión en el Ministerio en vísperas del incremento de precios, pero dicen que fue "coincidencia"

07.06.2017 | 03:13
Juan Ernesto Pérez, tercero por la izquierda; Francisco García, quinto; Juan Miguel López, sexto, y Octavio del Real, séptimo, acompañados por cuatro abogados a su llegada ayer a la Audiencia Nacional.

Los ejecutivos de las empresas que conforman la UTE Dique Torres, que llevó a cabo a la ampliación del Puerto de El Musel, calificaron ayer de "coincidencias" que el incremento de los costes de la obra se produjese de forma casi inmediata a la reunión que mantuvieron en Madrid con responsables del Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Gijón. La reunión se produjo el 14 de marzo de 2006 y los nuevos precios empezaron a pagarse en abril.

Seis fueron los directivos de estas empresas que declararon ayer como investigados ante la juez Lamela en la sede de la Audiencia Nacional. Se trata de Juan Ernesto Pérez Moreno (adjunto al presidente de Dragados), Octavio del Real (Dragados), Francisco García Martín (entonces director de FCC Construcciones), Maximino Gorostiza (director gerente de Alvargonzález Contratas), Juan Miguel Pérez (gerente de la UTE Dique Torres) y José María López Piñol (entonces director de la obra civil de Dragados). Todos menos éste último, afirmaron que estuvieron presentes en dicha reunión a la que también asistieron Fernando Palao, secretario general de Transportes de Fomento; el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y el exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, además de Mariano Navas, presidente en aquel tiempo de Puertos del Estado y en cuya agenda, intervenida por la jueza Lamela, figuraba una referencia a la reunión y sus participantes. Todos los ejecutivos que declararon ayer -exceptuado López Piñol, que afirmó no haber asistido a la misma- sostuvieron que en dicha reunión no se habló de modificar económicamente el proyecto ya aprobado, sino que se comentaron aspectos técnicos y cuestiones propias de la obra como aprovisionamientos o modificaciones técnicas, entre otros problemas. A pesar de que las expresiones "no recuerdo" y "ha pasado mucho tiempo" fueron dos de las más utilizadas por los investigados que declararon ayer, todos mantuvieron que en la misma no se hizo referencia alguna a presentar un nuevo proyecto económico modificado que dispararía los precios de la obra. Unos días después, se comenzaron a pagar precios nuevos y al alza, aunque su tramitación administrativa se pospuso hasta finales de 2007. Para los citados ayer, esta circunstancia no se puede atribuir a una relación causa-efecto, sino a una simple coincidencia.

Tampoco fueron capaces de precisar quién fue realmente el convocante de la reunión, ni si existía un orden del día o si se realizaron reuniones previas para saber de qué temas se iba a tratar en la misma. Las versiones fueron contradictorias ya que unos atribuyeron la convocatoria a Puertos del Estado y otros a la Autoridad Portuaria de Gijón, aunque todos coincidieron en afirmar que ni la UTE Dique Torres, ni las empresas que la conformaban fueron las convocantes.

En cualquier caso, las declaraciones de ayer "oficializaron" la existencia de la reunión en la que todos sus participantes, excepción hecha de Palao y Navas, al menos de momento, figuran como investigados en la instrucción de la Audiencia Nacional. Las defensas del expresidente y del exdirector del Puerto sostienen que en esta reunión sus clientes fueron presionados por sus superiores y por la UTE para que dieran el visto bueno al nuevo modificado de la obra que disparó los costes de la misma.

Mañana jueves, una vez ampliado el plazo de la instrucción, declararán como investigados ante la juez Lamela Joaquín Jiménez López, entonces director general de Obra Civil Nacional del grupo OHL, Rafael Martín de Nicolás, miembro del comité de dirección del grupo OHL y Javier Lázaro Estarta, subdirector general del Área I de FCC Construcción, otros ejecutivos que figuran en la agenda de Mariano Navas. Además, lo harán como testigos el catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada Rodríguez, quien realizó estudios técnicos de la obra para la Autoridad Portuaria de Gijón, y Joaquín Ayuso, vicepresidente segundo de Ferrovial, quien, según testificó Raimundo Abando ante la jueza, le dijo antes de conocerse la adjudicación de la obra que ésta ya tenía adjudicatario.

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