Ni tráfico de drogas, ni pertenencia a grupo criminal. La amistad y relación entre la mayoría de los acusados en la denominada "Operación Tortellini" se circunscribe sólo "al gimnasio y a pasear al perro por el barrio". Cinco de los imputados en una operación de drogas -la investigación la llevó a cabo la Guardia Civil en julio de 2016 y permitió incautar más de cinco kilos cocaína y desarticular a uno de los principales grupos de distribución de droga de la ciudad- negaron ayer ante el juez cualquier relación con el tráfico de estupefacientes. Ni siquiera el acusado al que interceptaron pasando el Huerna, proveniente de Madrid, con los fardos de cocaína en el interior del vehículo que él conducía.
Los otros dos implicados en este proceso que se inició ayer y durará hasta el 22 de junio son los responsables de un taller mecánico en León donde, según la Fiscalía, se manipulaban los coches para dejar huecos en los que poder esconder la droga que transportaban de Madrid a Gijón. Tampoco ellos aceptaron los cargos por un delito contra la salud pública y se declararon inocentes. "No tengo por qué saber a qué se dedican los clientes que vienen al taller", señaló el varón acusado junto a su expareja.
Cuatro de los acusados están en prisión provisional en el penal de Villabona. Todos ellos llegaron a la sala de vistas de la sección octava de la Audiencia Provincial esposados y custodiados por agentes de la Policía Nacional. La abogada defensora de uno de ellos, Ana García Boto, requirió al tribunal que les retirasen sus ataduras antes de proceder a interrogar a su cliente, Carlos V. V., de 52 años, el procesado al que la Guardia Civil detuvo conduciendo el coche que contenía la droga. "Me pidieron y pagaron por llevar un coche de Madrid a Gijón, yo no sabía lo que había dentro, sólo llevaba una maleta con un pantalón corto y una botella de agua", explicó Carlos V. V. que sólo respondió a preguntas de García Boto, su defensora.
En el registro de su domicilio la Guardia Civil halló 4.900 euros en billetes fraccionados, cocaína de diferente riqueza, bolsas transparentes y envoltorios de plástico, y diferentes máquinas como báscula de precisión o una termo selladora. "Tenía alquilado el trastero a Ismael y José Ramón, no sabía lo que había dentro", explicó durante el proceso.
Una afirmación desmentida tanto por Ismael S. B., de 36 años y José Ramón G. G., de 43 años y supuesto cabecilla ante la falta de contrato de alquiler o cualquier documento acreditativo del arrendamiento. Ambos negaron vínculos con las drogas más allá del consumo propio. Francisco Javier C. P., amigo de la infancia del dueño del taller leonés, reclamó su inocencia al igual que Santiago A. G. La Fiscalía pide para todos ellos hasta 53 años de prisión, por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
