La plataforma de policías nacionales que denuncian "enchufismo" para lograr Asturias como destino vuelve a la carga. Después de haber conseguido una sentencia firme que anula parcialmente el concurso de méritos convocado por la Dirección General de Policía en 2014 y que obliga a ampliar el número de plazas del mismo para el Principado, el colectivo, guiado por el abogado gijonés Dionisio Blanco, ha iniciado acciones para reclamar la correcta ejecución de esa sentencia al entender que la convocatoria de plazas para Asturias realizada posteriormente por la DGP ha sido insuficiente.

Según explica la plataforma, la DGP convocó un concurso de 17 plazas de policía y dos de oficial. Por eso, han decidido interponer "un incidente de ejecución" frente a ese concurso, porque les consta que el número de plazas de comisionados más los de la extinta Unidad Adscrita -dos fórmulas por las que, según los denunciantes, permanecen en Asturias policías que tendrían que haber regresado ya a sus destinos de origen pero que siguen ocupando plazas que deberían salir a concurso- "son muchos más". De hecho, la plataforma así se lo ha hecho saber al tribunal aportando "un listado con los nombres de los enchufados".

Según el colectivo denunciante, la Policía Nacional ha retirado la comisión de servicios a "los que contaban con menos contactos", pero "lamentablemente, los hijos de mandos policiales o recomendados de políticos influyentes siguen ilegalmente en Asturias ya que han superado con creces el plazo de dos años que como máximo se permite para una comisión de servicio".

Además, indica la plataforma defendida por el letrado gijonés, en esa ejecución de sentencia "no han resuelto el problema del caso de la extinta Unidad Adscrita, un tema en el que la DGP no quiere ni entrar, pero tendrá que explicar en qué condiciones se han quedado en Asturias sus exintegrantes y el motivo por el cual no han regresado a su plantilla de origen como así viene recogido en la ley".

"En el supuesto de que no se certifique adecuadamente al tribunal" la situación de estos policías, la plataforma baraja "la posibilidad de la exigencia de responsabilidad penal por falsedad documental al responsable de emitir el informe, porque, pese a las sentencias en su contra, la DGP mantiene su postura prepotente, cumple una mínima parte de lo que les pide el tribunal y mantiene a sus recomendados con su plaza en Asturias, cosa vergonzosa en un cuerpo que debería dar ejemplo de rectitud".