Las restricciones de emisiones contaminantes que contempla el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Aglomeración de Gijón para la industria pesada estarán supeditadas a que las inversiones que lleven aparejadas sean "técnica y económicamente viables". La Consejería de Medio Ambiente del Principado ha recordado ese matiz ante las alegaciones de las empresas contra una de las principales medidas del plan para combatir la contaminación en la zona oeste de Gijón: modificar las autorizaciones ambientales integradas de la factoría de Arcelor en Veriña, del grupo 1 de la térmica de Aboño y de la cementera estableciendo para todas ellas unos límites de emisiones en la zona central o inferior de la horquilla establecida por la normativa (con el uso de las mejores técnicas disponibles). La concentración industrial en el oeste de Gijón y este de Carreño y los niveles de polución en el oeste gijonés motivan esa decisión.

Las empresas alegaron en contra al considerar que se trata de un esfuerzo que puede acarrear "inversiones muy elevadas sin llegar a conseguir el nivel de protección deseado". La Consejería respondió que la medida "es proporcionada y necesaria" para mantener en el tiempo niveles bajos de emisiones a la atmósfera siempre que sea técnica y económicamente viable. La medida afecta a las tres grandes industrias de la zona. Estudios del Principado han revelado que el mayor volumen de contaminación procede de la factoría de Arcelor, en especial los sínter, los hornos altos, la acería y las emisiones difusas (por acopio y trasiego de graneles y por falta de mantenimiento de instalaciones). Le sigue el grupo 1 de la térmica de Aboño, que no cuenta con desulfuradora ni desnitrificadora. La contaminación de la cementera de Tudela Veguín es relativamente baja, según los citados estudios.

Arcelor también alegó que no ve justificado bajar tanto los límites al no haberse superado en los últimos tres años los máximos legales de contaminación en las seis estaciones fijas de medición de la red del Principado en Gijón. La alegación fue rechazada dado que sí se superan los niveles en Monteana y El Lauredal, en base a mediciones de otras estaciones.

La siderúrgica cuestiona además los resultados de los estudios del Principado respecto a la incidencia de la acería de Gijón, dado que la misma no funciona de continuo. En respuesta se recalculó el estudio teniendo en cuenta un funcionamiento de sólo 3 días a la semana de los convertidores, lo que se tradujo en "una leve reducción de la contribución industrial" a los niveles de contaminación en Monteana, Tremañes, Montevil y La Calzada "que no modifica las conclusiones del estudio".

Las restricciones que impone a Arcelor la revisión del plan del aire en Gijón y el oeste de Carreño derivan de una directiva de la UE de 2010 sobre el uso de las mejores técnicas disponibles en la producción siderúrgica que dio lugar a una Decisión de la Comisión Europea de 2012, que daba un plazo para su aplicación por los estados miembros que concluyó en 2016. Los ecologistas sostienen que existe riesgo de sanción a España por el incumplimiento de esa directiva, mientras que Arcelor afirma que todas sus instalaciones cumplen, salvo las baterías de coque de Avilés, que clausurará en 2019.

El planteamiento del Principado con el plan del aire es ir un paso más allá y "fijar, cuando sea técnica y económicamente viable, valores límite más restrictivos de emisión", los ubicados en la franja media e inferior para esas mejores técnicas disponibles.

Por otro lado, la Consejería ha concedido una prórroga hasta finales de año para que Arcelor complete una inversión de medio millón de euros en mejoras en sus acopios y manipulación de graneles, además de cerramiento de edificios y carenado de cintas transportadoras. El plazo inicial concluía el 30 de septiembre.

A este respecto, el Ayuntamiento presentó una alegación instando al Principado a requerir a Arcelor un mantenimiento mínimo en los hornos altos, la acería y el sínter, medidas que ya están incluidas en la autorización ambiental integrada. La alegación municipal está en linea con el planteamiento de colectivos ciudadanos, que exigen al Principado que garantice el cumplimiento de las medidas que figuran en las autorizaciones ambientales de las industrias para que las mismas no acaben siendo papel mojado.

A este respecto, las asociaciones han reclamado el aumento de la plantilla de inspectores del Principado, alegación desestimada en base a que esa medida no entra dentro del plan del aire, sino que corresponde a la Administración asignar "los medios que estime más convenientes". El Principado cuenta con cinco plazas de inspectores (con sólo dos operativos actualmente), y ocho plazas de guardas (dos pendientes de cubrir) para vigilar más de 70 instalaciones industriales en toda Asturias, según la Coordinadora Ecologista, que pedía duplicar los recursos humanos para esa labor.

También se rechazó la petición de particulares de realizar estudios epidemiológicos por barrios señalando que en todo caso "siempre que sea posible", el análisis se hará por secciones censales (Gijón cuenta con 208, con 1.348 habitantes de promedio).

Una alegación que sí aceptó la Consejería es la de reubicar la estación de medición de la contaminación de la avenida de la Argentina, encajonada entre edificios, que se trasladará a otra ubicación próxima, además de integrar en la misma un medidor de benceno y otro de partículas inferiores a 2,5 micras (PM 2,5). El plan también prevé instalar tres equipos nuevos de medición de partículas sedimentables en el entorno de El Musel. La propuesta vecinal de realizar estudios sobre los niveles de contaminación en Roces, por los picos de polución que sufre con relativa frecuencia, ha sido descartada por el Principado porque las estaciones de control más próximas, en Montevil y Santa Bárbara, no registran niveles elevados.