El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN) considera que la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso de las supuestas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel de citar como investigados a Fernando Palao, ex secretario de Estado y expresidente de El Musel, y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, pone de manifiesto "la vinculación que existe entre las reuniones mantenidas en el Ministerio de Fomento y los sobrecostes de la obra portuaria".

A juicio de este colectivo ciudano, las reuniones de Madrid en las que participaron directivos de las empresas integrantes de la UTE Dique Torres, excargos portuarios y ministeriales "fueron decisivas para la aceptación de los sobrecostes a todas luces fraudulentos, y que, de alguna manera, ejemplifican una presunta trama política detrás del modificado de El Musel".

OCAN ve en las últimas decisiones judiciales en torno a este proceso "connivencia entre el Gobierno estatal y los dirigentes autonómicos, en este caso, entre los directivos del puerto nombrados por Vicente Álvarez Areces y los nombrados por Puertos del Estado, que dependían del Gobierno de Zapatero". A su juicio, los sobrecostes no se presentaron formalmente hasta noviembre de 2007, un año más tarde de que se decidieran, "con la intención de no perjudicar los intereses electorales del PSOE en Asturias y, en concreto, los intereses electorales de Areces".

Este colectivo estima "muy peligroso" que se mezclen cuestiones claramente técnicas, de interés social y económico, "con los intereses políticos de un partido y de un gobierno en concreto".