15 de julio de 2017
15.07.2017

Las defensas del "caso Camocha" inciden en la nulidad de los registros

La prescripción o el error de prohibición, argumentos repetidos para la absolución

15.07.2017 | 02:47

Prescripción del delito, error de prohibición (o desconocimiento de la ilicitud penal de la conducta), dilación en el proceso y hasta la nulidad de los registros efectuados y las pruebas conseguidas. Estos fueron algunos de los motivos aportados ayer por las defensas para solicitar la libre absolución de los cuatro procesados en el juicio del "caso Mina de La Camocha" que trata de esclarecer el supuesto fraude de subvenciones cometido entre los años 1998 a 2000, cuando presuntamente, se llevó a cabo la reventa de cerca de 98.000 toneladas de carbón importado y de cielo abierto como propio de la explotación minera gijonesa a la térmica de Aboño. Unos argumentos, algunos, que ya utilizaron en la primera sesión del juicio, el pasado 8 de mayo, para tratar de archivar, anular o aplazar el juicio.

En pro de la absolución no faltaron los intentos por desviar la responsabilidad de las acciones fraudulentas, en el caso de que fueran ciertas, al exconsejero de Industria del Principado y apoderado de la Mina de la Camocha, Víctor Zapico y al director técnico, Fernando Luis García Brugo, ambos fallecidos.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, que argumentó su postura durante tres horas de exposición, se mantuvo en su petición inicial de penas por lo que Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de Trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha) se enfrentan, cada uno de ellos, a una pena tres años de prisión por cada uno de los tres delitos (nueve años en suma) y una multa de 5.696.400 euros.

En su intervención, el Fiscal también respondió a las palabras de los abogados defensores, asegurando que todos los imputados eran conscientes de los hechos encausados, destacó "el entramado financiero que realizaron para ocultar el fraude" y reprochó que la dilación del proceso fue, en ocasiones, por culpa de los letrados defensores. El próximo lunes, 17 de julio, se celebrará la última sesión de la segunda vuelta de este juicio.

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