"Ni el 'caso de Urdangarín', ni el 'caso Malaya', ni el 'caso Marea El abogado José Carlos Botas justificó con esta comparativa de procesos judiciales -y mediáticos- la petición de que se tuviese en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas en favor de su cliente, Manuel Martín Martín -presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha- en el caso de no lograr su libre absolución.
Este segundo juicio, que pretende esclarecer el supuesto fraude de subvenciones cometido entre los años 1998 a 2000 en la explotación minera, cuando se llevó a cabo la reventa de cerca de 98.000 toneladas de carbón importado y de cielo abierto como propio de la explotación minera gijonesa a la térmica de Aboño, quedó ayer visto para sentencia después de quince sesiones en el que los cuatro acusados -Guillermo Honrubia Álvarez, Margarita García Fernández, Ángel Manuel García Brugos y el propio Manuel Martín Martín- se declararon inocentes de la acusación por tres delitos contra la Hacienda Pública, en la modalidad de fraude de subvenciones, por la que se enfrentan a una pena de nueve años de prisión.
La última cita de este proceso que dio comienzo el pasado 8 de mayo sirvió para que los letrados defensores transmitiesen sus conclusiones al magistrado Penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz. Todos ellos reflejaron su malestar por la "dilación indebida" de este caso que se comenzó a investigar en 1998. También denuncian la "ilicitud del registro de la empresa" -y las consiguientes pruebas obtenidas- y reprochan la imputación de tres delitos "cuando sólo debería ser uno porque se trata de la misma ayuda que se renovaba anualmente", expresó Carlos Moro, letrado de Guillermo Honrubia. Todos ellos fundamentan su petición de la libre absolución de sus clientes en que "no se alteró sustancialmente el destino de las ayudas, se cumplieron los requisitos como prueba que cada año las recibían", añadió Moro.
