Francisco Javier Amorós Dorda (Madrid, 1958) es subdirector del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda. En la tarde de ayer, ofreció la ponencia inaugural del curso de verano sobre esta cuestión que ha organizado el centro adscrito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Asturias.
- Hábleme sobre la Ley de Transparencia.
-Es una ley muy reciente, pero es importante porque es la primera vez que se regula sistemáticamente la cuestión. No es que antes en España no hubiese normas de transparencia, sí que las había, pero estaban aisladas. Con la ley se juntan todas ellas y se les da un impulso definitivo. La práctica nos ha enseñado que la ley se ha quedado corta en algunos aspectos. Es manifiestamente mejorable, pero es el primer paso para crear en España una cultura de la transparencia que hoy en día no existe.
- ¿Son transparentes las administraciones públicas en España?
-Son semitransparentes. Lo que ocurre es que muchas veces la demanda de transparencia es difícil de satisfacer. Todo el mundo piensa que la información está en un ordenador y se puede extraer al instante. Muchas veces no es posible porque el 90% de la información pública en España está en papel, en archivos, lejos del centro del trabajo. Las consultas llevan tiempo y requieren recursos. Muchas veces, más que resistencia de la administración, lo que se produce es una dificultad práctica. Obviamente el ciudadano no es responsable pero muchas veces la imagen que se tiene es que la administración es más oscura de lo que realmente es aunque hay lugares en los que es difícil entrar incluso para el Consejo.
- ¿Conocen realmente los ciudadanos las instituciones?
-No. Hay una distancia que se está convirtiendo en infranqueable entre el ciudadano y la administración. En parte, la culpa la tiene la administración, que es muy solemne y con un lenguaje muy oscuro, difícil de comprender. El ciudadano por su parte tiene un gran recelo, ve la administración como algo inútil, que cuesta mucho dinero y que no resuelve problemas. El ciudadano ha de hacer un esfuerzo, acercándose sin prejuicios y la administración ha de hacer un esfuerzo por explicar lo que está haciendo. El éxito de la transparencia está en que la administración se baje del trono.
- ¿Hay que poner cotas a la transparencia?
-Hay límites razonables, menos de los que pensamos, que están incluidos en la ley, como no divulgar información si compromete la seguridad del país o la protección de datos de carácter personal, pero yo pienso que en principio no tendría que tener límites. Para la propia administración la transparencia es un método para mejorar su funcionamiento.
- ¿Qué datos se pueden conocer gracias a esta ley?
-Absolutamente de todo, pero el ciudadano español quiere asociar la transparencia a la política. De los seis millones de visitas al portal de transparencia, un millón y medio se produjo el primer mes para saber lo que cobraban los políticos. Esa era la gran preocupación del ciudadano, que está muy bien pero se agota en el morbo. Ahora la gente se está dando cuenta de la importancia de esta herramienta.
- ¿La corrupción ha sido un acicate para llegar a esto?
-Ha sido el motivo fundamental por el que se ha aprobado la ley. Esta desafección de los ciudadanos y la separación entre ciudadano y administración viene producida por la corrupción. La Ley de Transparencia ha sido una reacción, una de las pocas cosas positivas que tiene la corrupción. Pero la transparencia es solo una parte, que pone de manifiesto unos comportamientos, pero luego han de ser seguidos hasta sus últimas consecuencias.
- ¿Están sensibilizados los empleados públicos?
-Sí. A veces cuesta porque el funcionario ha terminado por considerar que la información es suya, no de la ciudadanía. Salvo esas actitudes, menos generalizadas de lo que el mundo piensa, el funcionario está sensibilizado.
- ¿Es importante la participación ciudadana para el correcto funcionamiento de las administraciones públicas?
-Sí, pero el problema es que la participación es una institución que es compleja porque los asuntos públicos son complicados y los procesos participativos tienen que estar muy bien planteados porque pueden no tener resultados o peor, tener resultados negativos, ya que si se plantean cuestiones difíciles, acaba produciendo rechazo. Es importante porque la administración necesita un retorno, pero siempre que se utilicen adecuadamente.
- ¿Hacia dónde va el futuro?
-Creo que esto es algo que no tiene marcha atrás. Lo que al final va a determinar es que la administración va a cambiar y la ciudadanía se va a convertir en una ciudadanía empoderada que va a saber cuáles son sus derechos. Supongo que costará mucho trabajo, pero soy optimista.
