"No se trata de ratificar a Antonio Corripio -actual presidente del Grupo Covadonga- o a Enrique Tamargo -su predecesor en el cargo-, se trata de votar a favor del club y ratificar lo que aprobó en su día la asamblea: porque los presidentes no aprueban, sólo proponen, y son los socios los que deciden". Así plantean Miguel Ron y Jesús Martínez, abogado y director general del Real Grupo de Cultura Covadonga, la próxima cita que tienen marcada en el calendario los socios grupistas: la asamblea del jueves, en la que pretenden dar carpetazo a la anulación judicial por parte del Supremo del anterior mandato de Tamargo.
En la misma se pedirá el voto positivo de los socios para ratificar las asambleas anuladas relativas al periodo entre 2012 y 2015. "No conozco ningún antecedente en el que se tumbasen indiscriminadamente las asambleas de una mandato", asegura Ron respecto a la sentencia del Supremo, dictada después de que una plataforma de socios del Centro Asturiano reclamase la anulación de todos los acuerdos firmados por Tamargo al no haber participado ellos en las asambleas, puesto que la directiva de Tamargo se negaba a dar efectividad a la fusión entre Grupo y Centro.
Por ello, Ron advierte que "prever las consecuencias de que la asamblea rechace los acuerdos asamblearios anulados es complicado". Sin embargo, tanto él como Martínez ponen un ejemplo de lo que podría pasar, relativo a las subidas de cuotas aprobadas en asambleas del anterior mandato. "Cualquier socio podría iniciar el camino para pedir la devolución de esas subidas. Y podría haber más consecuencias. En general, la inmediato es que volveríamos a abrir una importante batalla de frentes judiciales", recalca Ron.
No se aventuran a hacer cálculos de hasta cuánto podrían ascender las reclamaciones por las subidas de cuotas si la asamblea rechaza los acuerdos anulados de la época de Tamargo, pero aclaran que "podrían ser muchos miles de euros", porque aunque el incremento total de cuota en esos años "fue de en torno al 4%", la reclamación se podría multiplicar por más de 39.000 socios. Una estimación rápida sitúa el montante de posibles reclamaciones económicas en más de 400.000 euros, pero es algo "complicado de concretar".
En cualquier caso, abogado y director general de la entidad coinciden en que es importante que se aprueben los acuerdos asamblearios anulados para evitar más frentes judiciales. "A todo el Grupo le viene bien que no se deshilache la madeja otra vez", señala Ron, que recalca que votar que sí el próximo jueves "es la forma de acabar de una vez" con el embrollo judicial derivado de la fusión con el Centro Asturiano.
Asimismo, Ron aclara que el Grupo sí negoció con la plataforma del Centro Asturiano que retirase su recurso al Supremo antes de eliminar ellos el recurso grupista que había interpuesto la anterior directiva. "No hubo forma de llegar a un acuerdo", afirma, antes de justificar que el Grupo retirase su recurso sin que la otra parte hiciese lo propio. "La directiva actual se encontró con los socios del Centro ya dentro del Grupo, los bienes traspasados y los trabajadores. El Principado accedió a eliminar del registro al Centro Asturiano. Y el único mandato asambleario era el de 2006, que ordenó la fusión, al ser anulada la asamblea de 2009 en la que se rechazó la operación. Técnica y jurídicamente teníamos que retirar el recurso", argumenta Ron.
